La propuesta busca fortalecer la defensa legal de los uniformados víctimas del conflicto armado y en casos de corrupción policial.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que tiene como objetivo ampliar el acceso a la justicia para los miembros de la Fuerza Pública que han sido declarados víctimas en el marco del conflicto armado en Colombia. Esta propuesta busca brindar una mayor representación legal y respaldo a los uniformados en sus procesos judiciales, tanto ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición como ante la jurisdicción ordinaria.
El eje central de la iniciativa es la participación del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec), que estará encargado de proporcionar defensa legal a los uniformados que han sido víctimas de delitos. Según el proyecto, se busca que Fondetec tenga un papel más activo en la protección de los derechos de los militares y policías afectados, proporcionando las herramientas necesarias para asegurar que se haga justicia en cada caso. “Con esta iniciativa, se fortalece el acceso a la justicia de los integrantes de la Fuerza Pública, además de poderles brindar las herramientas necesarias, para defender sus derechos y asegurar que se haga justicia”, resalta el Ministerio de Defensa.
El proyecto también aborda la defensa de los miembros de la Policía Nacional que ejercen funciones de Policía Judicial en investigaciones por corrupción. Según la propuesta, Fondetec podría brindar servicios de defensa técnica a estos uniformados cuando sean denunciados por delitos contra la fe pública en el marco de sus actuaciones. Esto busca asegurar que aquellos que desempeñan funciones investigativas y enfrentan acusaciones en el ejercicio de sus labores tengan el respaldo necesario para su defensa, garantizando así un proceso justo.
No obstante, la propuesta establece claras limitaciones para el acceso a este sistema de defensa especializada. Conforme al artículo siete de la Ley 1698, se excluyen de la cobertura aquellos casos relacionados con delitos contra la administración pública, violencia intrafamiliar, asistencia alimentaria, extorsión, estafa, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y enriquecimiento ilícito. Estas exclusiones subrayan el compromiso del Gobierno de ofrecer defensa únicamente en los casos que se alineen con la legalidad y la ética institucional.
Desde el punto de vista económico, el Ministerio de Defensa ha enfatizado que el impacto fiscal del proyecto de ley deberá estar claramente especificado y ser congruente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. “Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo”, indicó la cartera de defensa. Esto implica que los recursos necesarios para la implementación de la ley deberán estar adecuadamente justificados y asegurados, evitando así cargas económicas imprevistas para el Estado.
El proyecto de ley representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de los miembros de la Fuerza Pública, garantizando que aquellos que han sido víctimas en el contexto del conflicto armado tengan acceso a una defensa robusta y especializada. Asimismo, busca mejorar la transparencia y respaldo a los funcionarios judiciales en casos de corrupción, en línea con los principios de legalidad y justicia.
