Los avances investigativos frente al incremento indiscriminado de terrenos de forma ilegal sigue cogiendo auge. Las autoridades le han puesto la lupa a este tema y han conseguido avances contundentes para mitigar está problemática que no solo radica en el Atlántico sino en la región Caribe.
Durante el 2021 la Policía Nacional ha revelado la identificación de cuatro estructuras criminales que operan en este ámbito, dedicándose a actividades delictivas que afectan a miles de familias.
Durante ese año, se registraron numerosos incidentes en los que hombres armados, bajo la cobertura de la noche, invaden propiedades ajenas, aprovechando la falta de vigilancia y la sorpresa de los legítimos propietarios.
Estos delincuentes utilizaron tácticas intimidatorias, como gritos y amenazas, para sembrar el miedo y llevar a cabo sus invasiones en cuestión de minutos.
Situación que fue reportada en diferentes municipios, incluida Barranquilla, donde el problema ha crecido de manera exponencial.
En el departamento del Atlántico, gremios y empresas han expresado su creciente preocupación por el alarmante aumento de ocupaciones ilegales de terrenos en la región.
Organizaciones como la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla y Camacol Atlántico han enviado un comunicado conjunto, advirtiendo sobre las prácticas ilegales que utilizan estos grupos. “Falsifican escrituras, realizan registros fraudulentos, amenazan a testigos y corrompen a funcionarios para obtener protección policial”, señalan en la misiva.
Ante esta preocupante situación, se hace un llamado a las autoridades para implementar acciones decisivas que desmantelen estas organizaciones criminales y restauren la seguridad y tranquilidad en la región, protegiendo así los derechos de los propietarios legítimos y de aquellos que buscan adquirir terrenos de manera legal.
Procuraduría le pone la lupa a la invasión de tierras en el Atlántico
La procuradora Margarita Cabello en el 2022 informó sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la ocupación ilegal de tierras en el departamento del Atlántico.
Durante su intervención en una conferencia de prensa, Cabello destacó las acciones realizadas en El Rubí, donde las autoridades han procedido a demoler 1,200 metros cuadrados distribuidos en 11 lotes.
La procuradora reiteró que el organismo está listo para intervenir en casos de invasión de tierras, enfatizando la importancia de la prevención y la investigación.
En este contexto, se han abierto un total de 10 indagaciones en varios municipios, incluyendo a funcionarios como alcaldes y secretarios de Gobierno.
Uno de los casos más significativos involucra al alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós, y a seis individuos, por supuestas conexiones con la invasión del predio conocido como Los Ángeles. La investigación busca determinar si se implementaron medidas de control para evitar la parcelación de terrenos y la formalización de 43 escrituras de compraventa.
Asimismo, se están revisando posibles irregularidades en la documentación de registros públicos y la titulación de terrenos vinculados a estas ocupaciones ilegales.
Cabello hizo un llamado a las autoridades para que adopten medidas proactivas y eviten futuras invasiones.
No obstante, este mismo año la disputa por la invasión de tierras en el Atlántico siguió incrementando. En Puerto Colombia durante el 2022 a se conoció una pelea de tierras entre campesinos y un club privado.
Dicho enfrentamiento legal de la propiedad de tierras se dió luego de que el club social y deportivo, Lagos de Caujaral, denunciara la ocupación ilegal de terrenos por parte de un grupo de campesinos que afirman ser los legítimos poseedores.
El conflicto gira en torno al predio conocido como «globo 8», que según el abogado del club, Francisco Ripoll Benítez, pertenece a la institución. Ripoll denunció que desde marzo del 2022, desconocidos han intentado invadir el terreno, llegando incluso a instalar cambuches. El club ha solicitado el desalojo de los ocupantes mediante un proceso legal que involucra a la Policía de Barranquilla y autoridades locales.
Sin embargo, el abogado de los campesinos, Rubén Blandón Lemos, quien representa a las 22 familias que ocupan la tierra, asegura que estas personas han sido legítimos poseedores del predio «Bajos del Caney» por más de 15 años. Blandón acusa al club de utilizar documentos falsos para reclamar la propiedad y afirma que sus clientes han sido víctimas de desplazamiento forzado y persecución por parte del club desde el año 2018.
El conflicto no es nuevo. Según Ripoll, en 2013 ya se habían presentado intentos de invasión por parte de estas mismas personas, quienes fueron desalojadas en aquel entonces por orden de la Policía. Sin embargo, los campesinos insisten en que sus derechos sobre las tierras son legítimos y que la Corporación Club Lagos de Caujaral no tiene la propiedad legal del predio.
Actualmente, el caso está siendo investigado por la Inspección de Policía de Sabanilla-Montecarmelo, donde se han presentado varias querellas por la perturbación de la posesión. La Fiscalía también está involucrada, investigando posibles delitos como desplazamiento forzado, falsificación de documentos, y abuso de autoridad.
Durante el 2024 toma fuerza la invasión de terrenos ilegales
Desde el 26 de febrero de 2024 las autoridades están investigando una posible lucha entre grupos criminales que buscan apropiarse de terrenos privados en el sector de Villa Campestre, Puerto Colombia.
Esta línea de investigación ha cobrado fuerza tras el atentado a tiros ocurrido el pasado lunes 19 de febrero, que resultó en la muerte de un hombre y dejó a otro herido.
El ataque tuvo lugar en horas de la tarde y ha generado preocupación entre los residentes de la zona. Según las primeras indagaciones, el móvil del crimen podría estar relacionado con la ocupación ilegal de tierras, un problema que ha venido afectando a varias áreas del departamento del Atlántico.
Ante esta situación, la Alcaldía de Puerto Colombia ha reforzado la seguridad en Villa Campestre, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes violentos y mantener el orden en la zona. Las autoridades continúan trabajando en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de los responsables detrás de este atentado.
Por otro lado, el 21 de septiembre del año en curso los terrenos de la familia Esper Fayad también se vieron envueltos en disputa de tierras contra un grupo al margen de la ley que al parecer invadieron uno de los lotes de los Esper, donde se encuentra instalada una de las antenas de la cadena radial La Libertad.
En horas del mediodía agentes policiales adscritos al CAI del Parque Venezuela invadieron el predio ubicado al lado de la Estación de Policía sede Norte, de posesión y propiedad de la familia Esper Fayad, herederos de don Roberto Esper Rebaje.
En este incidente ha creado conmoción e indignación, ya que la policía en vez de proteger los derechos de los propietarios del predio se colocaron en respaldo de los invasores, lo que ha generado sospechas sobre la legalidad de los hechos.
ATambién, este medio ha realizado varias publicaciones frente a esta problemática que sigue azotando al Atlántico, entre ellas destacamos: La invasión de tierras urbanas: la nueva vieja APP. Puede leerse aquí : https://diariolalibertad.com/sitio/2021/11/16/la-invasion-de-tierras-urbanas-la-nueva-vieja-app/
