La Fiscalía General de la Nación intensifica las pesquisas en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, mientras se preparan nuevas órdenes de captura contra exfuncionarios y contratistas implicados.
La trama de corrupción que ha sacudido a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) avanza hacia su tercera fase de investigaciones, según revelan fuentes a un medio de comunicación nacional. En este nuevo capítulo, la Fiscalía General de la Nación se encuentra en pleno proceso de recolección de pruebas, así como en la revisión exhaustiva de documentos financieros y contractuales relacionados con el escándalo, con el objetivo de determinar la posible emisión de nuevas órdenes de captura. Estas órdenes apuntan a varios exfuncionarios y contratistas que serían fundamentales en este entramado criminal.
Este equipo investigador está liderado por la fiscal 79 especializada contra la corrupción, Andrea Muñoz, y la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño. Además, el grupo cuenta con el apoyo de funcionarios, agentes de Policía Judicial, y peritos técnicos y contables, todos ellos comprometidos con desentrañar las irregularidades dentro de la UNGRD.
La presión sobre los implicados se intensificó tras la decisión de la juez 72 de control de garantías de Bogotá, quien dictó medida de aseguramiento en prisión contra Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, y Pedro Rodríguez Melo, exasesor jurídico del exdirector Olmedo López. Ambos son señalados como presuntos participantes en el esquema de corrupción que ha generado alarma en el país. A raíz de esto, la Fiscalía ha acelerado la revisión de cientos de folios y otros documentos aportados por los primeros involucrados, buscando establecer la posible responsabilidad de otros exfuncionarios de alto rango.
Las nuevas órdenes de captura que se están elaborando se suman a otras acciones legales en curso, como las citaciones a interrogatorios en calidad de indiciados dirigidas a destacados exfuncionarios del Gobierno. Entre los convocados figuran el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, su exasesora María Alejandra Bennavides, el director de la Función Pública, César Manríquez, y el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Se espera que estas declaraciones se lleven a cabo antes de que finalice el año.
La continuidad de las investigaciones determinará si se presentarán imputaciones o si los casos se archivarán. En particular, el futuro legal del ministro de Hacienda y otros funcionarios que han sido salpicados por el escándalo dependerá del avance de las diligencias judiciales que están en curso.
A pesar de la imputación que ya pesa sobre Olmedo López, Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, la Fiscalía continúa sosteniendo reuniones de trabajo con estos primeros implicados para evaluar la posibilidad de un acuerdo. Este acuerdo podría formalizarse bajo la figura de un principio de oportunidad parcial y un preacuerdo, lo que abriría la puerta a la negociación en el contexto de este caso de corrupción.
El desarrollo de estas investigaciones no solo es fundamental para esclarecer los hechos, sino que también tiene implicaciones significativas para la credibilidad de la administración pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones encargadas de gestionar el riesgo y la corrupción en el país.
