La reincorporación del magistrado Altus Baquero al Consejo Nacional Electoral (CNE) aplaza la votación sobre la posible formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa por presuntas violaciones de topes de campaña.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta un nuevo obstáculo en la decisión sobre el caso que involucra al presidente Gustavo Petro y a su gerente de campaña, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022. La Corte Constitucional respaldó recientemente al magistrado Altus Baquero, quien había sido destituido tras la anulación de su elección por parte del Consejo de Estado, al considerar que hubo una interpretación restrictiva de su experiencia profesional que violó su derecho a acceder a cargos públicos. Baquero presentó una tutela que fue fallada a su favor, ordenando su reincorporación inmediata a su puesto en la próxima Sala Plena del CNE.
La reincorporación del magistrado Baquero, prevista para este jueves 26 de septiembre, se produce en medio de un momento crucial, justo el día en que se tenía programada la votación sobre la ponencia que solicita la formulación de cargos contra Petro y Roa. Sin embargo, debido a que Baquero estuvo suspendido durante varios meses, solicitará la rotación del expediente para poder familiarizarse con los detalles del caso, lo cual retrasará la decisión del CNE al menos 15 días. Se espera que la resolución definitiva se dé el 15 de octubre.
Según Baquero, “un expediente tan voluminoso de más de 8.000 folios y 182 pruebas se hace necesario conocer los detalles. Un día no es suficiente para tomar una decisión de esta naturaleza y por lo tanto se hace necesario contar con los días de la rotación para poderlo hacer”, dijo en una entrevista radial. La magnitud del caso y la necesidad de un análisis detallado de la documentación disponible han generado la necesidad de posponer cualquier decisión hasta mediados de octubre.
El proceso ha enfrentado múltiples demoras, ya que en la sesión anterior del 16 de septiembre tampoco se pudo avanzar. La magistrada Alba Lucía Velásquez, quien tiene vínculos cercanos con el Pacto Histórico, solicitó más tiempo para examinar el informe de ponencia elaborado por los investigadores Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Este informe, compuesto por más de 314 páginas, recoge meses de investigación preliminar, incluyendo audiencias de testimonio, revisión de registros contables y la solicitud de certificados.
La investigación sostiene que la campaña de Petro habría violado el régimen de financiación electoral en la primera y segunda vuelta, superando los límites establecidos por la ley. Se estima que los topes fueron excedidos en más de 5.300 millones de pesos, destinándose estos recursos principalmente a pagos a testigos electorales, aportes de sindicatos, publicidad y transporte aéreo. Estas presuntas irregularidades han puesto en el centro de atención las prácticas financieras de la campaña de Petro y el papel del CNE en la vigilancia del cumplimiento de las normas electorales.
El regreso de Baquero, respaldado por la Corte Constitucional, añade un nuevo capítulo a este caso complejo y altamente politizado. La tutela interpuesta por el magistrado no solo cuestiona la decisión del Consejo de Estado, sino que también subraya la importancia de proteger los derechos constitucionales en los procesos de selección de altos funcionarios públicos. Su reincorporación obligará al CNE a ajustar sus tiempos y procedimientos, generando más expectación en torno a una decisión que podría tener implicaciones significativas para el actual gobierno.
Con el nuevo calendario establecido, la expectativa recae sobre la sesión del 15 de octubre, donde se espera que el CNE finalmente pueda tomar una decisión sobre las acusaciones que pesan sobre el presidente Petro y su campaña. Mientras tanto, el caso continúa en una fase de estancamiento, reflejando las tensiones y desafíos internos del Consejo Nacional Electoral en la gestión de casos de alto perfil.
