La juez 72 Penal Municipal con función de Control de Garantías de Bogotá ha ordenado la detención en prisión de Luis Carlos Barreto Gantiva, exdirector de Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), y de Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la entidad, por su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos y un desfalco millonario en la entidad.
La investigación de la Fiscalía revela que ambos exfuncionarios habrían participado en un esquema de corrupción que implicaba el otorgamiento de contratos y órdenes de proveeduría a cambio de sobornos. Estos contratos estaban destinados a la ejecución de obras de mitigación y la adquisición de bienes y servicios para la atención de emergencias en varios departamentos del país.
Barreto Gantiva es acusado de haber gestionado contratos con recursos que fueron trasladados desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Se presume que recibió un 7% del valor total de ocho contratos, que suman un total de 94.000 millones de pesos, junto con otros cómplices en el saqueo.
Relaciones políticas y empresariales
La Fiscalía también indicó que Barreto Gantiva tenía vínculos con el movimiento político del actual director del Departamento Administrativo de Función Pública, César Manrique, quien también está mencionado en este escándalo.
Por su parte, Pedro Andrés Rodríguez Melo es señalado de haber introducido al empresario Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘El Pastuso’, en la Gestión del Riesgo. López Rosero fue responsable de la compra de 40 carrotanques con un sobrecosto de 20.000 millones de pesos destinados a La Guajira. Además, en enero de este año, se habría pagado una coima de más de 7.000 millones de pesos en efectivo a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD.
Rodríguez Melo, cercano al Partido Verde y abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, había sido jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Nariño durante la administración del exgobernador Camilo Romero.
Imputaciones y medidas
La Fiscalía les ha imputado los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado, falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir. Ambos exfuncionarios no aceptaron los cargos.
Ante la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, la juez dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, marcando un paso importante en la lucha contra la corrupción en entidades del Estado.
