Investigaciones en curso tras el siniestro que dejó una persona muerta y 34 heridas.
Una grave explosión en Soacha, que ocurrió el pasado domingo 23 de septiembre al rededor de las 4:30 de la tarde, desencadenó un caos significativo en la movilidad de la zona sur de Bogotá, afectando tanto la entrada como la salida de vehículos. Las autoridades locales han iniciado investigaciones para esclarecer las causas de este trágico incidente, que ha dejado como resultado una víctima fatal y 34 heridos, dos de los cuales se encuentran en estado crítico.
La empresa responsable, Industrias Martinicas El Vaquero SAS, cuya dirección recae en Carlos Andrés Carvajal Castaño, también presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos (Fenalpi), ha sido objeto de una inspección previa por parte del Ministerio de Trabajo. Según información revelada por un reconocido medio de comunicación nacional, la inspección de noviembre de 2022 puso de manifiesto diversas irregularidades en la operación de la empresa, destacando la falta de protección personal para los trabajadores. “El analista de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) informó que no se suministran guantes (…) quedando el trabajador expuesto al contacto directo con la pólvora”, se detalló en el acta de la inspección.
Además de la falta de equipamiento adecuado, se evidenció que algunos extintores en la instalación se encontraban ubicados en lugares de difícil acceso, lo que comprometía su disponibilidad en caso de una emergencia. La situación actual plantea serias preocupaciones sobre las condiciones laborales y la seguridad en una industria que debe operar bajo estrictas normativas para prevenir accidentes.
Un contrato cuestionado
Por si fuera poco, el informativo fuente de este escrito tuvo acceso a un contrato firmado por la misma empresa con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) el 3 de junio de 2020, momento en el que Eduardo José González era cabeza de la entidad en el gobierno de Iván Duque. Este contrato, que tuvo como objetivo la adquisición de 3.500.000 respiradores KN95 para proteger a los trabajadores y agentes de salud durante la pandemia del COVID-19, se valoró en 35.700 millones de pesos, administrados por Fidruprevisora SA.
Sin embargo, el contrato se convirtió en objeto de un pleito legal entre los socios involucrados, el cual reposa actualmente en un tribunal de arbitramento en Bogotá. Los demandantes, que incluyen a Lenka Buckova y Juan Carlos Franco Duque, reclamaron el incumplimiento por parte de Industrias Martinicas, alegando que la empresa les adeudaba el 50 por ciento de las utilidades netas generadas por la venta de tapabocas. “La empresa se asocia con los colaboradores para la estructuración del contrato celebrado con la UNGRD para la adquisición de elementos para la protección de trabajadores”, se menciona en el laudo.
Se señala que “como consecuencia de las pretensiones, la sociedad Industrias Martinicas tiene una deuda del 50 por ciento de las utilidades netas correspondientes a 1.500.000 unidades de tapabocas”. Asimismo, se solicitaba el pago de la mora asociada a esta reclamación. No obstante, el tribunal decidió desestimar las demandas interpuestas por los reclamantes contra la polvorería, determinando que la empresa había cumplido con todas las obligaciones estipuladas en el contrato firmado el 3 de junio de 2020.
Pese a las alegaciones, el tribunal resolvió a favor de Industrias Martinicas El Vaquero SAS, determinando que cumplió con todas las obligaciones del contrato. Como resultado, la empresa quedó a paz y salvo con sus socios, lo que deja en evidencia las complicadas dinámicas que giran en torno a un contrato millonario que, en medio de la emergencia sanitaria, se convirtió en un foco de controversia.
Finalmente, la explosión en Soacha y las subsecuentes revelaciones sobre las condiciones laborales en Industrias Martinicas El Vaquero SAS ponen de manifiesto la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad en la industria pirotécnica. A medida que las investigaciones avanzan, las autoridades deberán asegurarse de que se implementen medidas efectivas para prevenir futuros incidentes que puedan poner en riesgo la vida de los trabajadores y la comunidad.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
