La exministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abudinen, jugó un papel crucial al denunciar penalmente las irregularidades en el escándalo de Centros Poblados. Su acción valiente resultó en la protección de 1,2 billones de pesos, el monto total comprometido en este caso.
Acorde a lo revelado a este medio, fue gracias a la denuncia de Karen Abudinen que se revelaron las acciones delictivas de los involucrados, quienes han confesado sus crímenes y alcanzado un preacuerdo con la Fiscalía. Lo que demuestra la importancia de su denuncia para salvaguardar recursos que, de no ser por su intervención, podrían haberse perdido.
Recientemente, la Procuraduría General de la Nación archivó la investigación contra ella, concluyendo que las decisiones tomadas durante su gestión no constituyeron violaciones a las normas de contratación pública. Las pruebas demostraron que no hubo quebrantamiento de sus deberes funcionales.
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A pesar de su absolución, las dudas sobre el destino de los recursos del proyecto Centros Poblados persisten. Hasta ahora, solo se han recuperado $2 mil millones de los $70 mil millones inicialmente girados.
¿Dónde están los $68 mil millones faltantes?
El escándalo involucró falsificación de documentos y creación de empresas ficticias, mientras que solo Luis Fernando Duque, exrepresentante legal de Centros Poblados, ha sido condenado hasta ahora.
Por otro lado, Emilio Tapia, uno de los principales implicados, se encuentra en negociaciones con la Fiscalía para devolver más de 2,500 millones de pesos, lo que podría ofrecerle beneficios legales.
La Contraloría ha emitido cargos por responsabilidad fiscal contra 11 personas, pero Abudinen no está incluida entre los que deben devolver los fondos, al no haber manejado directamente los recursos públicos.
Así, el caso de Centros Poblados sigue siendo objeto de análisis por parte de las autoridades, mientras la comunidad espera claridad sobre el destino de los fondos involucrados.
