La Fiscalía General de la Nación ha tomado la decisión de reestructurar el caso de corrupción relacionado con la multinacional brasileña Odebrecht, reconociendo que se han «perdido» tres años y medio en la investigación sobre los sobornos que han conmocionado al país.
Esta reestructuración implica una reducción significativa en el grupo de trabajo especial, que pasará de 17 fiscales a solo cinco, apoyados por cinco asistentes y agentes de policía judicial. El objetivo es avanzar más rápidamente en las investigaciones y juicios contra los implicados.
En una revisión de los 142 expedientes asociados con el escándalo, la Fiscalía ha programado una audiencia para este jueves en el juzgado 62 de Bogotá, donde se llamará a juicio a cuatro exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI): Alexandra Lozano, Camilo Mendoza, David Leonardo Montaño y Miguel Ángel Betín.
Al mismo tiempo, se retirarán las acusaciones contra otros siete exfuncionarios de la ANI, al determinarse que no tenían responsabilidad penal en el caso. Estos exfuncionarios son Beatriz Eugenia Morales, Cesar Augusto Peñaloza, Daniel Franco Tenjo, Francisco Javier Forero, José Andrés Torres Rodríguez, María Clara Garrido y Yasmina del Carmen Corrales.
El expediente relacionado con el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga seguirá en manos del último fiscal asignado, quien se encargará de la etapa del juicio.
Investigadores de la Fiscalía han destacado la necesidad de presentar acusaciones con bases sólidas, por lo que están explorando nuevos enfoques en este caso de corrupción. Además, están llevando a cabo reuniones con directivos de Odebrecht para recabar información que podría ser clave para esclarecer la participación de otros implicados en el escándalo en Colombia.
La reestructuración del caso Odebrecht subraya el compromiso de la Fiscalía por avanzar en la lucha contra la corrupción y garantizar la justicia en este significativo asunto que afecta a la política colombiana.
