La reciente amenaza contra Luz Marina Esper, directora de los medios de comunicación La Libertad, ha desencadenado un intenso debate sobre la efectividad de la Tasa de Seguridad en el Atlántico.
Luz Marina Esper plantea una inquietud directa al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, respecto a su derecho a la protección que ofrece la Tasa de Seguridad, que ella misma contribuye a financiar.
“¿Tengo derecho o no a la protección? Yo la pago”, afirmó Esper, quien ha enfrentado amenazas a su vida desde el pasado 20 de septiembre. Estas amenazas surgieron en el contexto de un conflicto por terrenos que le fueron heredados, donde se encuentran los transmisores de su emisora, y que han sido objeto de intentos de invasión.
Luz Marina expresó su preocupación por la falta de respuestas de las autoridades ante estas amenazas y denuncias. “Los ciudadanos que pagamos la tasa de seguridad tenemos derecho a reclamar. Quisiera saber el pronunciamiento del alcalde y del gobernador, especialmente cuando un director de un medio de comunicación está denunciando invasiones a propiedades y amenazas contra su vida”, declaró.
Ante el desamparo e indiferencia de los gobernantes a su situación en materia de seguridad La situación plantea el siguiente interrogante: ¿para qué pagamos la Tasa de Seguridad si no se garantiza la protección de quienes la financian? Esta cuestión recae sobre el Gobernador Eduardo Verano y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quienes deberán dar respuestas concretas ante la vulnerabilidad que enfrenta Esper.
La directora también criticó la falta de atención y compromiso por parte de los líderes locales, señalando que no se trata solo de palabras de condolencia, sino de acciones efectivas que garanticen la seguridad de quienes enfrentan situaciones de riesgo. “Veo una total despreocupación por parte de las autoridades en relación con nuestras preocupaciones”, agregó.
Asimismo expresó su inquietud a la Veeduría de Periodistas Independientes del Atlántico, señalando: «Los ciudadanos que pagamos la tasa de seguridad tenemos derecho a reclamar. Quisiera saber el pronunciamiento del alcalde de Barranquilla y del gobernador del Atlántico, especialmente cuando un director de un medio de comunicación denuncia invasiones a propiedades y amenazas contra su vida. Si esto nos sucede a nosotros, imaginen lo que podría pasarles a los demás ciudadanos«.
«La Policía sólo se limita en brindar seguridad pasando revista cada hora a algunas estructuras como al edificio de Diario la Libertad, pero como directora de medios en una situación compleja, su vida corre peligro si sale sola a la calle ¿Quién la protege?».
La directora de La Libertad también criticó la falta de acción por parte de las autoridades locales, afirmando: «No se trata solo de dar palmaditas y decir cuánto lo siento. Veo una total despreocupación por parte del alcalde y del gobernador en relación con nuestras preocupaciones».
Esta solicitud se fundamenta en las evidentes amenazas a la integridad física de los herederos Esper Fayad, especialmente hacia Luz Marina y su familia, quienes son contribuyentes de la tasa de seguridad. Es preocupante que, a pesar de este aporte, no estén recibiendo la protección necesaria en un momento tan crítico.
Lo anterior va en consonancia con lo manifestado hace pocos días por la diputada Isabella Pulgar Mota al decir; “Las autoridades apuntan a enfrentamientos entre bandas criminales y disputas por el control del microtráfico, pero la cruda realidad es que el manejo de la tasa de seguridad por parte del distrito de Barranquilla no ha generado resultados visibles. La situación es preocupante, y al parecer estamos peor que antes”. Lo cierto es que lo ciudadanos de bien quedamos expuestos a manos de sujetos que al margen de la ley, pretendan apoderarse a modo de expropiación de nuestros bienes bajo la mirada impotente de una autoridad presente, tal como ocurrió el pasado sabado 20 de septiembre.
De no atenderse esta solicitud, se estaría omitiendo un derecho fundamental, y la responsabilidad recaería sobre el Estado y sus diferentes dependencias, que deben priorizar situaciones que requieren garantías absolutas.
Con este llamado, Luz Marina Esper espera que las autoridades asuman un rol más proactivo y que se garantice la protección necesaria para todos los ciudadanos, en especial para quienes ejercen el periodismo y enfrentan amenazas en el ejercicio de su labor.
