Ante la falta de quórum en el debate legislativo, la administración buscará asegurar los recursos a través de la vía directa.
El proyecto de presupuesto del Gobierno para el año 2025 fue rechazado este martes por las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes, un hecho que obligará al presidente Gustavo Petro a promulgarlo por decreto. Con esta decisión, se cierra el plazo para debatir y aprobar el presupuesto en el ámbito legislativo antes de su vencimiento esta semana.
La discusión sobre el presupuesto general de la Nación, que contemplaba un total de $523 billones y que incluía recursos para una polémica reforma tributaria, se vio frustrada debido a la falta de quórum. En consecuencia, la sesión que estaba programada para deliberar sobre el tema fue levantada sin que se pudiera votar el articulado, lo que llevó a que Petro ahora deba formalizar el presupuesto por decreto, una vez que pase el 20 de octubre.
«De acuerdo a lo que pasó hoy, el presupuesto de 2025 por decreto sí es lo que el gobierno radicó, $523 billones«, afirmó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien destacó la urgencia y la necesidad de estos recursos para asegurar el funcionamiento del Gobierno el próximo año.
Recursos garantizados para las elecciones
El ministro Bonilla también abordó las preocupaciones relacionadas con los recursos destinados a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral (CNE), asegurando que están garantizados los fondos necesarios para las elecciones de 2026. Rechazó las especulaciones sobre recortes en los recursos electorales, afirmando: «Nadie le ha quitado recursos a la Registraduría. Nadie le ha quitado recursos al Consejo Nacional Electoral».
Bonilla explicó que, según la tradición, los recursos temporales en años preelectorales se mantienen en el Ministerio de Hacienda, y el registrador puede solicitarlos conforme a la distribución presupuestal. En este sentido, la Registraduría contará con $3,2 billones y el CNE con $1,06 billones, cifras que permanecen inalteradas en el presupuesto que se discutió originalmente en el Congreso.
El presupuesto para 2025 estará orientado principalmente a ciertos ministerios, siendo Educación el que recibirá la mayor parte con $79.2 billones, seguido por Salud con $67 billones, Trabajo con $53.4 billones y Defensa con $58.5 billones. Según la distribución, de los $523 billones solicitados, $511 billones están asegurados, mientras que $12 billones dependerán de la aprobación de una ley de financiamiento relacionada con la reforma tributaria.
Reformas fiscales en el horizonte
La ley de financiamiento prevista incluye diversas medidas que impactarán la economía del país, tales como una reducción en la tasa del impuesto de renta corporativo, un aumento en el impuesto al carbono, y ajustes a los impuestos a personas naturales con ingresos superiores a 31.000 UVT. Además, se contempla la imposición de IVA a vehículos híbridos y a juegos de suerte y azar en línea.
De los $523 billones solicitados, la distribución de recursos es clara: $327.9 billones (62,7%) se destinarán a gastos de funcionamiento, $112.6 billones (21,5%) al pago del servicio de la deuda, y $82.5 billones (15,8%) a inversión. Con este contexto, el panorama fiscal para 2025 se enfrenta a desafíos importantes, en medio de un ambiente político marcado por la falta de consenso en el Congreso.
La decisión del Congreso de rechazar el presupuesto gubernamental refleja las profundas divisiones políticas que caracterizan actualmente el escenario colombiano. La falta de quórum y el consiguiente decreto presidencial no solo evidencian la dificultad de alcanzar acuerdos en temas cruciales, sino que también ponen en relieve la necesidad de un diálogo más constructivo entre las diferentes fuerzas políticas.
Con el presidente Petro obligado a actuar sin la validación legislativa, se corre el riesgo de que el presupuesto carezca de un respaldo amplio, lo que podría tener repercusiones negativas en la implementación de políticas públicas y en la confianza de los ciudadanos en la gestión gubernamental.
