El llamado a la Defensoria del Pueblo, Director de la Policía Nacional, general William René Salamanca Ramírez y a la Presidencia de la República, toda vez que se vulneran los derechos herenciales y pone en peligro la vida de la familia Esper Fayad
En un preocupante giro de los acontecimientos, la directora del Diario La Libertad, Luz Marina Esper Fayad, fue amenazada de muerte el pasado 21 de septiembre, mientras, la comunidad aguarda respuestas del comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama, quien hasta el momento guarda un silencio sepulcral.
Los hechos se desarrollaron cuando uniformados policiales adscritos al CAI Parque Venezuela invadieron un predio de la familia Esper Fayad, donde, según testimonios, se habrían involucrado de manera extraña en la protección de una banda de invasores. Testigos indican que uno de los invasores, identificado como un abogado de apellido Bockelmann, lanzó amenazas explícitas contra la vida de Luz Marina, afirmando que “de allí lo sacaban muerto”.
Es insólito que la Policía, en lugar de proteger a la familia Esper, actuara en complicidad con quienes intentaban tomar ilegalmente su propiedad. Este terreno, donado a la Policía por el patriarca Roberto Esper Rebaje, debería ser resguardado por la misma institución que ahora parece actuar en contra de los legítimos propietarios.
La actuación de los agentes policiales es alarmante, especialmente dado que existe un Amparo Policivo vigente, el cual fue ignorado. El Código Nacional de Policía y Convivencia establece que la policía debe actuar en las 24 horas posteriores a un acto de ocupación, lo que no ocurrió en este caso, evidenciando una grave falta de compromiso hacia la protección de los ciudadanos.
Este incidente no solo pone en riesgo la vida de Luz Marina Esper, sino que también evidencia la penetración de organizaciones armadas en la región, respaldadas por la corrupción en el sistema policial. La comunidad exige que el comandante Herbert Luguiy Benavidez Valderrama rompa su silencio y tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad de la directora y de los ciudadanos.
La falta de acción frente a estas amenazas plantea serias preguntas sobre la capacidad de la Policía Metropolitana para cumplir con su deber de proteger a los ciudadanos.
Los barranquilleros no pueden aceptar y menos permitir que el miedo y la impunidad reinen en la ciudad; es hora de que las autoridades actúen y den la cara.
