Entregan indemnizaciones a víctimas del conflicto en Santa Marta

Fueron $11.500 millones lo que entregó la unidad para las víctimas en el Magdalena por fallos de Justicia y Paz

Este 19 de septiembre, la Dirección Territorial Magdalena realizó una significativa entrega de indemnizaciones a 329 víctimas del conflicto armado en Santa Marta, reconocidas en fallos de Justicia y Paz relacionados con los exparamilitares Rodrigo Tovar Pupo, Hernán Giraldo Serna y José Gregorio Mangones, de las Autodefensas Unidas de Colombia.

La jornada se llevó a cabo en el Polideportivo Sur, donde las víctimas tuvieron la oportunidad de acceder a servicios de diversas entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Durante el evento, se realizó la entrega protocolaria de 10 libretas militares, parte de un total de 100 que se entregarán en todo el Magdalena. Además, 18 emprendedores, también víctimas, exhibieron y vendieron sus productos y servicios, con el apoyo de la Dirección Territorial para fortalecer sus iniciativas de negocio.

Audes Jiménez González, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena, enfatizó que «la reparación integral es mucho más que la indemnización». Destacó la importancia de la jornada, donde múltiples entidades se unieron para atender las necesidades de las víctimas y asegurar un seguimiento adecuado, garantizando así sus derechos.

El evento también contó con la participación de Edilberto Martínez Castro, Odorico Guerra Salgado y Eucaris Salas Salas, quienes expresaron su compromiso continuo con la lucha por los derechos de las víctimas. Salas comentó: «El recurso económico no compensa lo que nos ha dejado la guerra, pero ayuda para que ustedes puedan salir adelante», destacando la importancia de proyectos productivos para ofrecer oportunidades, especialmente a los jóvenes.

Entre las entidades que participaron se encontraban la Gobernación del Magdalena, Prosperidad Social, el ICBF, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, SENA, la Agencia Nacional de Tierras, entre otros.

Este esfuerzo integral busca garantizar que las víctimas sientan un gobierno cercano y comprometido con su verdadero proceso de reparación y reintegración.