Sentencia finaliza el conflicto entre la alcaldía y la Unión Temporal Sistemas Inteligentes de Tránsito, destacando la mala gestión de recursos públicos.
El pasado 2 de agosto, la Sección Tercera del Consejo de Estado emitió una sentencia que cierra un capítulo importante en la controversia sobre la concesión de Tránsito en Valledupar. Esta decisión respalda la resolución del exalcalde Fredys Socarrás Reales, quien decidió dar por terminada la concesión, marcada por numerosas irregularidades y un mal manejo de los recursos públicos.
La disputa se inició cuando la Unión Temporal Sistemas Inteligentes de Tránsito Valledupar (UT SIT) interpuso una demanda contra la alcaldía, exigiendo una compensación significativa tras la caducidad del contrato. No obstante, el Tribunal Administrativo del Cesar había fallado en contra del concesionario en agosto de 2023, lo que permitió avanzar hacia la resolución definitiva.
Socarrás, quien tomó la decisión de cancelar la concesión en 2012, comentó sobre la situación caótica que se vivía en la ciudad. “La población estaba llena de rabia e inconformidad. Los recursos públicos habían sido mal gestionados desde las concesiones de 2005”, expresó. Este malestar social fue un factor determinante para actuar de manera contundente.
Al asumir el cargo, el exalcalde se dio cuenta de la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de tránsito. “Conocí la experiencia de Barranquilla y decidí que la función de tránsito debía ser administrada por el municipio”, agregó, señalando su intención de mejorar la situación en Valledupar.
Uno de los aspectos más alarmantes que surgió durante su gestión fue el resultado de una consultoría realizada por la Universidad de Medellín, que reveló un desfalco de 13 mil millones de pesos de los 38 mil millones que había recibido la concesión en un periodo de cinco años. “Este hallazgo fue crucial para la denuncia ante la Fiscalía, que llevó a la captura de algunos socios implicados”, afirmó Socarrás, subrayando la gravedad del asunto.
El exalcalde también criticó la gestión de su predecesor, Mello Castro, quien firmó una nueva concesión sin abordar los problemas de la anterior. “Es alarmante que se repitan los mismos errores. La gente está preocupada y hay que establecer controles más rigurosos en futuras concesiones”, concluyó, instando a las autoridades a tomar medidas efectivas para evitar que estos problemas persistan.
La decisión del Consejo de Estado no solo pone fin a un conflicto legal, sino que también subraya la necesidad de una gestión más transparente y responsable en el manejo de los recursos públicos en Valledupar. Esta situación resalta la importancia de la supervisión adecuada de las concesiones y la protección del interés público ante la mala administración.
