Familiares del fallecido Allan Scalzo o Vicente Oliva Gómez responsabilizan al funcionario de la Alcaldía Distrital por negligencia en su atención médica.
Por: Unidad Investigativa.
En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Santa Marta, Marta Aurelia Olarte Coronado, viuda de Vicente Oliva Gómez, también conocido como Allan Scalzo, ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Camilo Andrés George Díaz, actual Secretario de Gobierno de la Alcaldía Distrital de Santa Marta. La denuncia alega un presunto homicidio, consignado en el artículo 103 de la Ley 599 de 2000, y detalla las acciones u omisiones que habrían agravado la condición médica del detenido, culminando en su trágico fallecimiento.
Según el relato de Olarte, su esposo fue detenido el 18 de mayo de 2024 y trasladado a la estación de policía conocida como «La Norte» o CTP. Desde el inicio de su reclusión, Oliva Gómez empezó a experimentar síntomas severos de salud, como fiebre elevada, problemas respiratorios y dolores de cabeza, lo que fue notificado a las autoridades carcelarias. Sin embargo, a pesar de múltiples solicitudes para recibir atención médica inmediata, estas fueron ignoradas, bajo el argumento de que dicha atención requería una orden emitida por la Secretaría de Gobierno.
El estado de salud del detenido se deterioró rápidamente, y en cuestión de días, fue trasladado a la Clínica La Milagrosa en condiciones críticas. Allí, le diagnosticaron una severa infección bacteriana que provocó el colapso de ambos pulmones, según informó la familia. «Desde el momento de su privación de libertad, comenzó un acelerado deterioro de sus condiciones de salud», declaró Marta Aurelia Olarte en su denuncia.
Camilo Andrés George, como alto funcionario de la Alcaldía, fue notificado en diversas ocasiones sobre la grave condición del detenido, pero, según la denuncia, retrasó la autorización del traslado médico, lo que habría agravado la salud de Oliva Gómez. Para el 5 de junio de 2024, y tras una semana de espera, se solicitó formalmente al INPEC el traslado del detenido a un centro médico especializado, petición que fue repetidamente ignorada.
Los familiares afirman que esta negativa se debió a represalias personales del funcionario. “El jefe de gobierno coaccionó a los funcionarios del INPEC, extendiendo de manera injustificada el tiempo en que el detenido permaneció sin atención médica”, señala la denuncia. Dicha omisión se considera un factor crucial que contribuyó al desenlace fatal.
El 6 de junio, Vicente Oliva Gómez falleció en la clínica, y la denuncia presentada responsabiliza a Camilo George de haber actuado de manera negligente, prolongando innecesariamente el sufrimiento del detenido. La Fiscalía ya ha iniciado las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar si efectivamente hubo responsabilidad penal por parte del funcionario público.
Este caso ha levantado fuertes críticas contra la Alcaldía de Santa Marta y la administración carcelaria, señalando las condiciones deplorables en que se mantienen a los detenidos en los centros transitorios de reclusión y el impacto de las decisiones burocráticas en la vida de los reclusos. Según Olarte Coronado, la muerte de su esposo pudo haber sido evitada si las autoridades hubiesen actuado de manera rápida y diligente.
Este trágico suceso no solo pone de manifiesto la falta de garantías para los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sino también el uso de la función pública para ejercer represalias personales, algo que está siendo objeto de escrutinio judicial.
Aquí el documento de la denuncia:
Denuncia Camilo George by LIBERTAD DIARIO
Y.A.
