Diversos contratos de las Alcaldías Locales de Cartagena han sido objeto de denuncias por posibles irregularidades, sumando más de 3.000 millones de pesos en cuestionamientos.
La organización Funcicar, a través de su programa Vigilacartagena, ha destacado la falta de transparencia en varios de estos procesos de contratación.
En la Localidad Histórica y del Caribe Norte (1), liderada por Frank Ricaurte, un contrato por $1.254 millones destinado al mejoramiento de canchas y parques en la Isla de Tierra Bomba ha generado dudas.
Funcicar ha señalado que los documentos del proyecto mencionan áreas de intervención en otros barrios de la ciudad, como Nuevo Bosque y Canapote, lo que no coincide con el objetivo inicial del contrato. Además, la falta de especificaciones técnicas ha encendido las alarmas sobre el manejo del proceso.
Otro contrato, valorado en $1.298 millones, busca la rehabilitación de calles cercanas al Parque La Troncal. Aunque este proceso ha sido mejor recibido debido al uso de pliegos tipo, Funcicar advirtió que, si el monto del contrato hubiese sido apenas mayor, habría requerido un proceso de licitación pública, garantizando mayor transparencia.
La Localidad de la Virgen y Turística (2) también está bajo la lupa de la Procuraduría Provincial de Cartagena, que abrió una investigación disciplinaria preliminar contra su alcalde, Alexis Valerio. El contrato por mil millones de pesos para los Juegos Locales 2 ha sido suspendido tras encontrarse inconsistencias en los montos destinados a uniformes, medallas y viáticos, estos últimos sin detalles específicos.
Por su parte, la Localidad Industrial y de la Bahía (3), dirigida por Yucelis Patricia Garrido Ochoa, revocó un contrato de $900 millones para la mejora de canchas en los barrios El Socorro y El Campestre luego de que Funcicar denunciara incumplimientos en los plazos de publicidad y la falta de información técnica en los documentos del proyecto.
Estos casos han generado preocupación sobre la gestión de los recursos en las alcaldías locales de Cartagena, que enfrentan crecientes demandas de mayor transparencia y control en sus procesos de contratación.
