Cada vez que aparece un informe en torno al mal funcionamiento de algunas administraciones municipales –lo cual ocurre con mucha frecuencia– la ciudadanía no deja de pensar que algo no está resultando bien en el mecanismo de la elección popular de alcaldes.
Cuando ya han transcurrido tantos años del ejercicio democrático de la elección popular de alcaldes, se deberían estar produciendo gobiernos municipales transparentes y positivos para la comunidad, no que den muestras de su incapacidad para manejar los destinos de sus municipios.
En todos estos años muchos –no todos– nos han mostrado, o que la mayoría de los alcaldes municipales no tienen preparación para ejercer el cargo, especializados en el tape-tape de los entuertos de su antecesor, por aquello de que pertenecen al mismo grupo político.
Es importante que por mandato de la ley o voluntariamente –que sería lo ideal– los alcaldes municipales den cuenta a la ciudadanía, sobre la gestión que desarrollan durante su mandato.
Consideramos que el mecanismo más apropiado es que estos funcionarios presenten los correspondientes balances, para que así exista claridad en la ciudadanía, acerca de la manera como son invertidos los dineros aportados por los contribuyentes durante lo que va de sus mandatos.
Por ejemplo, el plan de gobierno que obligatoriamente se registra en el acto de inscripción como candidato, se convierte en “letra muerta” porque no existe un procedimiento de confrontación de su cumplimiento, ni durante su gobierno ni al final de este.
Las malas actuaciones administrativas de algunos alcaldes municipales conducen al despilfarro de los recursos que termina siendo asumido por los contribuyentes, por eso se hace necesario que los ciudadanos sepan con claridad y con cifras exactas cuáles han sido los costos de sus decisiones electorales, lo que conlleva a la inevitable necesidad de que lo alcaldes de los municipios del Atlántico y de otros departamentos de la región Caribe, den a conocer sus balances para que la comunidad en general se entere en qué se están gastando los dineros aportados por los contribuyentes.
Es inconcebible que ya avanzado el tercer milenio aún encontremos municipios en la región Caribe que carecen de los más elementales servicios básicos y en donde sus habitantes viven en las más paupérrimas condiciones, en medio de toda clase de necesidades, sin que se vislumbre la más mínima posibilidad de solución para sus múltiples problemas.
Lamentablemente esa es la radiografía social que se puede observar con toda claridad en muchas localidades del sector rural, zonas que de manera ancestral han padecido de un protuberante olvido.
Por otra parte, las cifras de alcaldes encartados con la justicia en Colombia son contundentes; en cada cuatrienio, más del 50% de alcaldes han tenido que responder ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por sus actos ilegales, muchos de ellos han cometido errores inducidos por sus más inmediatos colaboradores, que hacen parte de los mandos medios y por eso se les denuncia, pero otros han actuado por su propia iniciativa y con dolo.
Lo malo de los electores es que siempre repiten sus equivocaciones el día de las elecciones, entre otras cosas porque no existe un procedimiento de entrega de cuentas, es decir un balance que permita establecer si el alcalde municipal está cumpliendo bien la tarea encomendada por sus gobernados el día de su elección y en que invirtió los dineros aportados por los contribuyentes.
