POR: REYNALDO MORA MORA
La “justificación por el éxito” por los resultados de las pruebas estatales, es lo que supuestamente le ha dado gloria efímera a esos señores del Icfes, que hacen salir en primera plana el éxito de algunas instituciones educativas (¿a qué estrato pertenecen?) y de algunos estudiantes (nada más comparar las cifras de cuántos ingresan a las universidades públicas y la gran cantidad de los que no pueden hacerlo, desbarata ese supuesto éxito), escenificación que pone en la picota pública a los perdedores, que para mí es una forma autodestructiva del propio sistema educativo. En efecto, éste solo puede funcionar si hay un repensar de esas prácticas evaluativas acorde con los contextos, lo que nos lleva a desconfiar de ese organismo por el irrespeto general para esa inmensa población que queda sin ingresar a las universidades estatales. Esta injusticia nos lleva con ética y responsabilidad como educadores críticos a asumir la obligación de construir un destino colectivo común para que la educación superior sea posible para todos, lo que nos lleva a reflexionar sobre los conceptos de ética y responsabilidad que tiene el Estado colombiano.
El concepto de ética se ha forjado a partir del griego ethos, que tiene un significado similar al latín mores, del que deriva la palabra moral. De acuerdo con lo anterior, la ética designa el estudio teórico de los principios que guían la acción humana en todo contexto donde pueda haber deliberación. Constatamos entonces, que el surgimiento de las pruebas estatales va ligado a las cuestiones éticas, porque alude a la carencia de lo público de la educación superior. Es lo que ocurre con este irrespeto estatal. Se trata de que el Estado actúe de tal manera que los efectos de su acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana, que da la educación superior. En esto el Estado ha sido irresponsable socialmente. Este estado de cosas que promueven las pruebas estatales, ha llevado a una visión utilitarista que reduce al hombre a lo instrumental. Siguiendo a Amartya Sen hay que pensar responsablemente en las capacidades (lo que no hacen esos instrumentes positivistas de las pruebas estatales): es lo que cada estudiante tiene para actuar y ejercer su libertad y responsabilidad. El irresponsable Estado, a través de sus normas, tiene la responsabilidad de consolidar dicha libertad. Como educadores críticos debemos ir más allá de estas reglas instrumentales promoviendo dentro del marco constitucional un nuevo marco evaluativo.
La afirmación de que quien saca los resultados que esperan los tecnócratas del Icfes es el excelente estudiante, viene a ser el anverso luminoso, alentador de la idea de que los otros son malos, es decir los perdedores. Es la fe meritocrática tecnocrática aplicada a los jóvenes sin distinción de sus contextos personales, territoriales y familiares. Según esta larga tradición de existencia de estas pruebas, el supuesto éxito es una señal de salvación para quien gana, y una bondad por parte del Estado. Pero esta manera de interpretar el papel del Estado a través de sus prácticas evaluativas estandarizadas en la historia de la educación en Colombia por más de cincuenta años plantea a los educadores críticos un desafío: ¿cómo construir marcos contextualizados evaluativos, que sean pertinentes? El argumento que saca el Estado de una supuesta calidad de la educación a través de esos instrumentos homogenizantes, nos parece un argumento mezquino y moralizante, usado para impedir el ingreso de los jóvenes a las universidades públicas, en especial, los de las clases sociales más desfavorecidas. Frente a la tesis según la cual obtener un alto puntaje en esas pruebas significa poseer una inteligencia superior a los que no lo obtengan: los educadores críticos debemos poner el énfasis en el carácter discriminatorio del Estado, porque él fracasa si esa alta población no obtiene los apetecidos puntajes. Ese argumento de la inteligencia superior (y hay colegios en Barranquilla que así lo venden, y se lo creen) es un argumento pobre y arbitrario desde un punto de vista moral.
Como educadores críticos no podemos aceptar esa noción moralizante, casi providencial, de que hay instituciones educativas todopoderosas y que deben su grandeza al desarrollo de esas competencias tecnocráticas. Esa noción la debemos rechazar: que los estudiantes con altos puntajes es por su inteligencia superior. Tanto en el sentido moral como en el teleológico, el providencialismo presente en esas pruebas del Icfes y en las instituciones educativas que obtienen altos resultados no sostiene el marco constitucional de los Fines del Estado (art. 2 CP). Este modo de pensar meritocrático lo rechazamos de plano, porque es una bofetada a la Dignidad Humana de los más desfavorecidos que no logran esos resultados. Esta perversa meritocracia implícita en ese providencialismo de “bueno o malo” choca con la expresión de los discursos veintejulieros del los funcionarios del MEN sobre la solidaridad y la responsabilidad del Estado benefactor.
Todo el aparataje del Icfes tiene una propiedad común: diseñar las pruebas estatales para mantener un orden que satisfará lo que ese organismo desea (que nosotros como educadores críticos sabemos). Los “valores” presentes en esa instrumentalización, que se hace decir “procura la calidad de la educación” no responden a lo establecido por el Preámbulo de la Constitución Política, son erróneos, peligrosos, odiosos, no son sinceros con el clamor de nuestra juventud sedienta de educación superior. Ese presupuesto es cínico. El fin siempre es el mismo: un estado de cosas para “atajar” que el pueblo raso no ingrese a la educación superior en las universidades públicas. ¿Qué hay, entonces, en esa política malsana del Icfes, en su tono de homogenizar, que ha causado estremecimiento en los cimientos de las familias pobres colombiana? Ciertamente, esta es la política que debemos rechazar contundentemente, pues es una acción que retarda la movilidad social de las clases sociales más desfavorecidas. Este sentido del horror de los resultados de esas pruebas no ha sido grandemente mitigado por parte del Estado. Es evidente que el efecto de una supuesta “calidad de la educación” ha durado todo el tiempo que este organismo burocrático tiene de existencia. Tenemos que ser críticos frente a este injusto educativo: reconsiderar la continua molestia por parte de las familias causada por esa política estandarizante. Debemos decir que esas pruebas traen graves implicaciones a estos actores sociales. El gran mérito como educadores críticos a futuro es que combatimos esa injusticia infame, no condonable en términos de moralidad constitucional, que se ha impuesto como una “razón de estado”. Esos señores del Icfes y del MEN sostienen un solo sistema moral: que no entre a la educación todo el mundo, esta inmoralidad no justifica ciertamente las demandas sociales por una educación superior total. Esos señores pregonan una creencia desordenada moralidad, a través del cual prohíben el ingreso de todos.
Desde esa posición ventajosa de los grandes objetivos que pomposamente se plantean para la calidad de la educación, en nombre de ella, se produce este injusto educativo, que vulnera los verdaderos Fines del Estado Social de Derecho y la misma dialéctica de ser cada día más y mejor. Como educadores críticos no podemos ser defensores de esta aberrante política, porque ella no es trasparentemente honrada, no hay en ella un sentido humano como para querer que el Estado. Aquí podemos decir, el fin “excusa” los medios. Más de un estudioso ha anotado, con suficiente razón, que la noción de casos desesperados (como el que estamos tratando, del no ingreso a la educación superior) requiere remedios excepcionales, por ejemplo, una Asamblea Constituyente Educativa. Todo lo anterior para hacer denotar mayúsculamente, la profunda, pero característica incomprensión de esas pruebas frente a la realidad de los contextos regionales, que pone en peligro a las familias más pobres de Colombia. Por lo tanto, esta política estatal es malvada e incorrectamente injusta, por lo tanto, debe prohibirse.
