El ente de control pide detalles sobre las causas y estudios que respaldan la decisión de intervenir la empresa de energía en tres departamentos de la Costa Caribe.
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, explicaciones detalladas sobre la decisión de intervenir la empresa de energía Air-e, encargada de la prestación del servicio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La petición fue realizada por la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial y busca aclarar aspectos clave que rodean esta importante decisión que afecta a miles de usuarios en la región.
Uno de los puntos centrales planteados por la Procuraduría tiene que ver con los fundamentos técnicos que respaldan esta intervención. En su solicitud, el ente de control pide que se detalle “con base en qué estudio técnico se le solicita a la CREG concepto favorable para proceder a la toma de posesión de la empresa Air-e”. Asimismo, se indaga sobre las causales de la Ley 142 que justifican la intervención. Esta norma regula los servicios públicos en Colombia y establece las condiciones bajo las cuales el gobierno puede intervenir empresas del sector.
En el marco de sus funciones preventivas y de control de gestión, la Procuraduría actúa para garantizar que la prestación de servicios esenciales como el suministro de energía se haga de manera adecuada y sin interrupciones. Por ello, además de los fundamentos técnicos, también se cuestionó sobre las fuentes de recursos que utilizará la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para asegurar que el servicio de energía continúe sin contratiempos. En este sentido, se solicitó información específica sobre el monto mensual necesario para cubrir los costos operativos de Air-e en su área de cobertura, así como el saldo por cobrar relacionado con la Opción Tarifaria.
La Procuraduría también pidió aclaraciones sobre los subsidios que se deben a la empresa, destacando que algunos de estos subsidios aún no han sido girados a Air-e, con corte a agosto de 2024. Este es un tema crucial, ya que los subsidios son fundamentales para garantizar que los usuarios más vulnerables puedan acceder al servicio de energía de manera asequible.
Adicionalmente, el ente de control solicitó información sobre el comportamiento de ciertos indicadores clave en la prestación del servicio de energía, tales como las pérdidas, los recaudos y la calidad del servicio, específicamente los índices SAIDI y SAIFI, que miden la frecuencia y duración de las interrupciones en el suministro eléctrico. Estos indicadores son esenciales para evaluar la eficiencia y fiabilidad del servicio que ofrece Air-e a los usuarios en la región.
Finalmente, el oficio remitido por la Procuraduría subrayó que su rol no es de coacción ni de coadministración. El ente de control aclaró que su función es la de actuar como articulador, ofreciendo recomendaciones y haciendo llamados al cumplimiento normativo legal vigente en los asuntos relacionados con los servicios públicos. El objetivo de este acompañamiento es que las autoridades y actores responsables tomen las decisiones necesarias para solucionar las situaciones que podrían poner en riesgo la prestación del servicio de energía en estos departamentos del norte del país.
Este llamado de la Procuraduría busca no solo garantizar la transparencia en el proceso de intervención a Air-e, sino también asegurar que los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira no se vean afectados por interrupciones en el suministro de un servicio esencial como la energía eléctrica. La intervención de una empresa de esta magnitud requiere claridad en las acciones y en los recursos destinados, para evitar afectar a millones de personas que dependen de la energía para sus actividades cotidianas.
