La Procuradora Margarita Cabello cuestiona la contratación del servicio de internet para instituciones educativas durante la pandemia, alegando que su ejecución era innecesaria bajo las restricciones del Covid-19.
En un controversial anuncio, la Procuraduría General de la Nación ha decidido abrir un pliego de cargos contra la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson Salcedo, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de internet para las instituciones educativas de la ciudad. La denuncia se fundamenta en el supuesto incumplimiento del contrato durante la emergencia sanitaria decretada a raíz del Covid-19, cuando las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional impedían las clases presenciales.
Mediante el boletín 1065-2024, el órgano de control detalló que el acuerdo suscrito por más de 1.041 millones de pesos, provenientes del Sistema General de Participaciones, contemplaba la implementación de zonas de wifi gratuito para 106 instituciones educativas oficiales, así como la habilitación de un servicio de radioenlace terrestre en 16 colegios adicionales situados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
La Procuradora Margarita Cabello argumentó que la ejecución de este contrato «era imposible de cumplir» bajo las restricciones sanitarias del momento, que impedían la asistencia de los estudiantes a las instituciones educativas. En palabras del organismo, dicha situación “hacía innecesaria y superflua la contratación de ese servicio en las sedes educativas de la ciudad”, un punto que ha suscitado un fuerte debate en la opinión pública.
Forzando la contratación durante la pandemia
La administración de Johnson, según la Procuraduría, realizó modificaciones al contrato para permitir que los estudiantes accedieran al servicio de internet desde sus hogares, mediante la plataforma Educándote.com, creada para garantizar la continuidad de las clases de manera virtual. En este contexto, el órgano de control destacó que las exfuncionarias involucradas no consideraron «situaciones que no solo eran conocidas sino claramente notorias”, lo que, en su opinión, comprometió los principios de economía y responsabilidad en la contratación estatal.
Pese a los ajustes al contrato, la Procuraduría concluyó que hubo una falta de previsión y diligencia en el manejo del proceso, calificando la conducta de las investigadas como una falta gravísima. Según el órgano, las decisiones adoptadas por las entonces funcionarias, incluyendo a la exdirectora de contratación de la alcaldía, Greysi Ávila Campo, representaron una vulneración a los principios básicos de contratación, poniendo en riesgo la correcta prestación del servicio educativo.
Un proyecto pionero pero cuestionado
En noviembre de 2020, la Alcaldía de Santa Marta celebraba la expansión de las zonas de wifi gratuito, que ya cubrían a más de 23 mil estudiantes en todo el distrito. En su momento, el secretario de Educación Distrital, Antonio Peralta Silvera, destacó los avances en la implementación de este servicio, afirmando que la iniciativa convirtió a Santa Marta en un referente nacional en conectividad educativa durante la pandemia.
“Lo hicimos en Bastidas, cubriendo más de 8 mil niños; en la zona norte y parte de oriente cubrimos más de 10 mil; y en la zona sur, entre María Eugenia y Primero de Mayo, llegamos a 5208 estudiantes. En total, más de 23 mil estudiantes cuentan con acceso a internet para continuar sus actividades académicas”, comentó el funcionario.
La entrega de claves de acceso no solo benefició a los estudiantes, sino que también se extendió a los docentes, permitiéndoles interactuar con sus alumnos a través de Educándote.com. Esta plataforma fue presentada como una herramienta clave para garantizar la continuidad de las clases virtuales durante la emergencia sanitaria. Además, se anunció la extensión del servicio a las zonas rurales y otras áreas del distrito, con la promesa de cobertura total para la educación virtual.
El debate continúa
Pese a los avances en conectividad, la Procuraduría mantiene su postura crítica frente a la gestión de este proyecto. En su pliego de cargos, la entidad destaca que la modificación del contrato no fue suficiente para cumplir con los objetivos planteados inicialmente y que, en última instancia, las irregularidades cometidas perjudicaron la correcta implementación del servicio educativo en medio de una de las crisis más desafiantes del país.
Este caso promete avivar el debate sobre la gestión de recursos públicos y la pertinencia de las decisiones adoptadas en momentos de crisis. Mientras tanto, la exalcaldesa Johnson y sus colaboradores enfrentan un proceso que podría tener repercusiones significativas para sus carreras políticas.
