Consejo Nacional Electoral debatirá sobre pliego de cargos contra Gustavo Petro en medio de alta tensión y preocupaciones de seguridad.
El lunes 16 de septiembre, a menos que surjan eventos imprevistos, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunirá para debatir y votar sobre el proyecto de pliego de cargos presentado por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz. Este proyecto sostiene que la campaña de Gustavo Petro habría infringido los límites de financiación electoral, superando los 5.300 millones de pesos en las dos rondas de la elección.
Una reconocida revista nacional pudo conocer que la decisión se encuentra de segunda en la orden del día y lo que se espera es que avance en el debata y se tome la respectiva determinación.
En la sala plena del Consejo Nacional Electoral, el clima es cada vez más tenso. Aunque algunos magistrados prefieren mantenerse en silencio para evitar posibles recusaciones, no ocultan su preocupación y miedo. Desde hace cuatro meses, el constante y violento discurso de Gustavo Petro, en respuesta al pliego de cargos contra su campaña, ha generado un ambiente de alta tensión. Esta situación ha dejado a los magistrados en una posición vulnerable, temiendo que un radical pueda actuar de manera excesiva en respuesta a la resolución del caso del presidente en el CNE.
Según el informativo consultado, fuentes cercanas a la magistrada Maritza Martínez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, constataron que es posible que la sesión de la sala plena del próximo lunes se lleve a cabo en un comando de Policía o en una guarnición militar. Actualmente, el Consejo Nacional Electoral opera desde un edificio privado en una zona céntrica de Bogotá, que cuenta con algunas medidas de seguridad proporcionadas por la Policía. Esta medida de seguridad adicional se contempla debido a la creciente preocupación por la protección durante el desarrollo de la sesión.
“No sabemos si vamos a poder entrar al edificio este lunes, y menos tenemos claro si podremos salir”, manifestó un magistrado a la mencionada revista, pidiendo absoluta reserva de su nombre.
En los pasillos del Consejo Nacional Electoral, existe un temor creciente de que se repita el escenario del 8 de febrero de 2024, cuando líderes petristas presionaron intensamente en el Palacio de Justicia durante la elección del fiscal general por la Corte Suprema.
Gustavo Petro ha utilizado la votación del pliego de cargos en su contra para posicionarse como víctima, emitir mensajes intimidatorios y alertar al país sobre una supuesta conspiración de golpe de Estado en su contra. Esta situación ha generado una creciente inquietud sobre la seguridad y el ambiente en el que se llevará a cabo la próxima sesión.
“El lunes empieza el golpe de las corbatas. Este sábado nos vemos con la Asamblea Nacional Popular en la Universidad Nacional”, escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.
Petro ha cuestionado la validez de las sólidas pruebas presentadas por los magistrados Prada y Ortiz, llamándolas “chambonas”. Además, ha criticado a los magistrados responsables de elaborar el pliego de cargos, subrayando que “debieron hacer una investigación más juiciosa” en lugar de las pruebas actuales.
“Son unos magistrados, unos miembros del CNE, entre ellos un sindicado quien es el encargado de juzgarme, unos congresistas y unos mafiosos políticos, entre ellos los grandes contrabandistas del país los que fraguan el golpe de Estado y el lunes comienza”.
Gustavo Petro ha centrado sus ataques en el magistrado Álvaro Hernán Prada, acusándolo de ser parte de un grupo de “mafiosos” y cuestionando si existe una intención de darle un golpe. Aunque el presidente ha criticado a Prada, quien fue congresista del Centro Democrático y es uno de los investigadores de su caso, debe recordar que el magistrado se declaró impedido para investigarlo debido a la presunta financiación irregular de su campaña, pero la sala plena del Consejo Nacional Electoral rechazó su impedimento. Asimismo, el 5 de junio se le negó a Prada una recusación en su contra.
Ante la creciente presión y amenazas, Prada decidió sacar a su familia de Colombia por razones de seguridad. Su esposa y sus cuatro hijos, que incluyen mellizos menores de edad, han sido objeto de seguimientos. Aunque no se ha recibido una amenaza directa contra Prada, la revista antes mencionada ha confirmado que se le ha advertido sobre la necesidad de tener cuidado con los grupos armados, los cuales han recibido beneficios bajo la política de paz total del Gobierno.
Un magistrado que habló con el medio fuente de este escrito bajo condición de anonimato relató las presiones que ha enfrentado debido a los ataques de Gustavo Petro. “Me han abordado un par de abogados y me dicen: ‘Ojo que hay un control del DNI, ojo que está la Fiscalía, ojo con las organizaciones criminales que le hacen el juego al presidente’”. El togado agregó que escuchar tales advertencias ha generado una creciente preocupación, especialmente al ver la angustia en su familia. “Uno escucha y escucha voces y llega el momento en que uno empieza a preocuparse. Más cuando uno ve a la esposa y a la familia angustiada”, explicó.
Cada magistrado del Consejo Nacional Electoral cuenta con un esquema de seguridad personal, pero algunos han optado por limitar su presencia en la calle y asistir únicamente a eventos institucionales. Por ejemplo, uno de ellos mencionó que sus escoltas están organizados en dos turnos. Sin embargo, debido al riesgo y al miedo, prefiere reducir sus salidas a una sola jornada y contar con la protección completa de todos sus escoltas para minimizar el peligro.
“El presidente lleva más de 15 días exponiéndonos y cada vez estamos recibiendo más presiones de la calle, de personas que se nos acercan a hacernos advertencias”, narró otro magistrado. “Hay un ambiente jarto, de temores, de incomodidad por la exposición”, añadió.
“Ojo con la votación”, “cuidado toman una decisión que no está bien”, “ojo que les clavan un prevaricato”, “ojo que hay unas organizaciones que están muy pendientes de lo que ustedes harán en el CNE”, son algunas de las advertencias más frecuentes que reciben los magistrados encargados del pliego de cargos contra Petro.
La investigación contra Petro apenas comienza, y el lunes 16 de septiembre los magistrados debatirán y posiblemente votarán el proyecto de pliego de cargos. Este paso será crucial para decidir si se inicia una investigación formal o se archiva el caso contra Ricardo Roa, gerente de la campaña, y contra Petro. “No imaginamos lo que pueda ocurrir cuando se decida el fallo definitivo, en caso de que se llegue hasta allá”, comentó uno de los juristas.
Aunque la cita para este lunes está confirmada, no se descarta que la votación pueda ser pospuesta. La defensa de Gustavo Petro ha utilizado diversas estrategias judiciales para retrasar el proceso, con la esperanza de que llegue a junio de 2025, cuando la investigación caduca.
En los pasillos del CNE, no es improbable que la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien tiene cercanía con la Casa de Nariño, solicite la rotación del expediente el lunes 16, lo que podría detener el proceso por otros 15 días. Se dice que ella argumentaría que estuvo incapacitada durante la decretación de la rotación general del proceso.
Si se lleva a cabo esa votación, la presidenta del CNE, Maritza Martínez, deberá someter la consideración a votación. Con las cargas actuales, es probable que la solicitud de Velásquez sea rechazada. Esto se debe a que la incapacidad de Martínez concluyó esta semana y ella había tenido acceso al documento completo desde hace semanas. Las decisiones que se tomarán este lunes ofrecerán una indicación preliminar sobre la postura del CNE en relación con el caso Petro.
Además, los magistrados deberán decidir si aceptan o no la solicitud del abogado Héctor Carvajal, defensor de Gustavo Petro. Carvajal ha solicitado al CNE que se abstenga de votar hasta que el Consejo de Estado resuelva si el Consejo Nacional Electoral tiene la competencia para investigar al presidente en su calidad de candidato. Debido a que no quedaron satisfechos con la opinión inicial de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que había confirmado las competencias del tribunal administrativo, los abogados han recurrido a otra instancia judicial. “En caso de tomar una decisión se incurriría en un error”, argumentó el abogado del presidente.
Cualquiera que sea el resultado, si en la semana entrante los ocho magistrados desean votar el proyecto de pliego de cargos, se necesita contar con seis votos contra dos. En caso de que la votación sea cinco a tres, será convocado un conjuez, lo que ralentizará el destino del proceso en contra de Petro.
