Este viernes en una intervención que ha encendido un intenso debate, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que durante la administración de Iván Duque se adquirió el controvertido software espía ‘Pegasus’. Sin embargo, la afirmación fue rápidamente desacreditada por W Radio, que reportó que la información proporcionada por el mandatario era confidencial.
Víctor Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), refutó la declaración de Petro, afirmando que bajo la gestión de Duque nunca se adquirió el software espía. Además, un periodista que ha investigado el tema confirmó que existen pruebas de la negación de compra por parte de Israel, generando aún más incertidumbre sobre la veracidad de las palabras del presidente.
La controversia se agudizó cuando se reveló que el documento que Petro utilizó para respaldar sus afirmaciones fue proporcionado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), una dependencia que forma parte del Egmont Group of Financial Intelligence Units. Este grupo internacional, dedicado a la lucha contra el lavado de activos, ha manifestado preocupación por la divulgación de información sensible. Según informes, Petro traicionó la confianza de estas entidades al hacer pública esta información.
Ante las críticas, el presidente defendió su posición, argumentando que tiene la potestad de divulgar «información reservada si la seguridad nacional lo exige». En su discurso, instó a los ciudadanos a enfocar el debate en la verdad y mencionó la necesidad de transparentar irregularidades en el ejercicio del poder.
En medio de este escándalo, el director de La W, Julio Sánchez Cristo, reaccionó en sus redes sociales sugiriendo que el país podría enfrentar la expulsión del Egmont Group. La preocupación se centra en que la divulgación del presidente podría haber infringido los principios de intercambio de información establecidos previamente.
Tras esta controversia, se confirmó que, efectivamente, Colombia ha sido suspendida de este importante grupo internacional, poniendo en jaque la reputación del gobierno y sus políticas de transparencia.
