Ya lo habíamos esbozado en este espacio editorial –a guisa de comentario– que si los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la Creg y la Superintendencia de Servicios Públicos, no tomaban las medidas precautelativas y las pertinentes decisiones requeridas, la situación financiera de las entidades prestadoras del servicio de energía, especialmente de la región Caribe, podría generarse una inminente cesación en la prestación de dicho servicio, dando origen a un protuberante obstáculo para el desarrollo económico de esta zona del país.
Hoy traemos a colación lo que está ocurriendo con Air-e, entidad que maneja el servicio de energía para una importante zona de la Costa, la cual se encuentra desde ayer en periodo de intervención, algo que igualmente se puede presentar en otra empresa como Afinia, también en la costa Caribe, lo cual puede afectar a otras empresas como EPM y las finanzas de Medellín y Antioquia, teniendo en cuenta que un altísimo porcentaje de sus utilidades depende del resultado positivo de la energía que comercializa a través de Air-e y Afinia, que funcionan en el norte colombiano.
Con relación al caso que hoy traemos a colación, hay que tener en cuenta los costos económicos que puedan derivarse de los procesos de intervención, si tenemos en presente que una actividad de esta naturaleza a una empresa como Air-e o Afinia podría costarle al Gobierno la “bicoca” de aproximadamente 4 billones de pesos al año, que es lo que corresponde al déficit de operación de las mencionadas entidades para solventar no solo su operación, sino las inversiones y garantizar la atención de la demanda con confiabilidad. Al respecto no se sabe si la Nación cuenta con los recursos necesarios, prueba de ello es el atraso en el giro de los subsidios para los componentes de los estratos 1, 2 y 3, de lo cual se ha venido hablando con insistencia en los últimos meses en el caso concreto de Air-e.
En este sentido, no hay que olvidar lo que se vislumbra en el horizonte, que se requieren medidas urgentes para cumplir con una finalidad esencial del Estado, consistente en garantizar el acceso a los servicios públicos de todo el territorio nacional, lo cual se constituye en un importante indicador de desarrollo, equidad y disminución de la pobreza en nuestro país.
De ahí que sea tan necesario actuar para así garantizar el servicio a los usuarios y como es lógico ofreciéndole garantías a los prestadores y que la posible intervención de las compañías puede darse no solo en la región Caribe, sino a nivel nacional porque además comprende un riesgo para otros servicios como el de gas, que en el caso de la Costa afectaría a más de 10 millones de habitantes, con el riesgo que esto pueda conllevar.
Ojalá que Air-e, la empresa que presta el servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira cuente con el respaldo del Gobierno Nacional y que lo más pronto posible se puedan establecer precios justos que garanticen la capacidad de pago de los usuarios que han sido maltratados con las tarifas más altas de Colombia.
Lo que se sabe es que la disposición de Air-e para la intervención es total, confiando en que el Estado implementará las medidas necesarias para asegurar un servicio de energía asequible y de calidad para los usuarios.
Los directivos de esta empresa que presta el servicio de energía esperan que con el respaldo del Gobierno Nacional, se logre regular a los generadores y establecer precios justos que garanticen la capacidad de pago de los usuarios.
