La insatisfacción con el servicio de energía eléctrica en Cartagena ha alcanzado niveles críticos, llevando a los ciudadanos a solicitar la intervención del gobierno nacional en la empresa Afinia.
El Comité Popular de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena y Bolívar ha presentado un pliego de peticiones en el que demandan la liquidación de la compañía, evidenciando la creciente indignación por las elevadas tarifas, la mala calidad del servicio y las prácticas que consideran abusivas.
Álvaro Cortés Lobo, coordinador Distrital del Comité, manifestó su preocupación por la situación económica de Afinia y de su matriz, Empresas Públicas de Medellín (EPM). Según Cortés, las dificultades financieras de la empresa están afectando directamente la prestación del servicio, lo que ha llevado a un aumento desmesurado en los costos de la energía que resulta inalcanzable para muchas familias en Cartagena.
“Estamos viviendo problemas similares a los que se han presentado con Air-e; la ineficacia y deficiencia en el servicio demuestran la precariedad de Afinia,” afirmó Cortés. Los ciudadanos han denunciado además la falta de respuesta a sus quejas, cortes de energía frecuentes y la imposición de medidores inteligentes sin consulta a la comunidad, lo que refleja, según el Comité, una clara violación de los derechos de los consumidores.
El 23 de agosto, los representantes del Comité hicieron llegar sus reclamaciones a Afinia, sosteniendo que la intervención y nacionalización del servicio eléctrico es la solución que necesita la región Caribe. “Las empresas privadas priorizan el lucro sobre el bienestar de la comunidad; la intervención estatal es esencial para garantizar un servicio público eficiente y justo,” enfatizó Cortés.
Los habitantes de Cartagena hacen un llamado urgente a las autoridades para que actúen ante esta crisis que afecta a miles de personas en la ciudad. “Pedimos que no se trate solo de una intervención que busque salvar a estas empresas; requieren una liquidación para que el Estado pueda asumir la responsabilidad de ofrecer un servicio de calidad,” concluyó el coordinador del Comité, Álvaro Cortés Lobo.
La situación actual plantea un reto significativo no solo para los usuarios de Afinia sino también para las autoridades que deben mediar en una creciente disconformidad y exigir rendición de cuentas a los proveedores de servicios públicos.
