En un giro inesperado en la arena política colombiana, el presidente Gustavo Petro tomó una postura desafiante al declararse en “desacato público” el 12 de septiembre de 2024, en respuesta a una orden del Consejo de Estado que lo obliga a retractarse de sus acusaciones contra Enrique Vargas Lleras, hermano del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Esta situación se enmarca en un controversial debate sobre actos de corrupción en la Nueva EPS, donde Petro señala que Vargas Lleras habría llevado a cabo desfalcos que ascienden a $5 billones durante su gestión.
Durante un evento público, Petro arremetió contra la decisión del alto tribunal, argumentando que sus afirmaciones son “verdades” que merecen ser expuestas. “Ahora los fallos me dicen que debo retractarme cuando estoy diciendo verdades”, afirmó el mandatario, insinuando que el Consejo de Estado ha ignorado su labor de sacar a la luz estas supuestas irregularidades.
El ex vicepresidente Vargas Lleras había anticipado que el presidente desestimaría la sentencia, lo cual parece haberse materializado con las declaraciones de Petro. Este hecho ha avivado aún más las tensiones entre el presidente y el sistema judicial, en particular por las investigaciones que enfrenta relacionado con su campaña electoral de 2022, actualmente en el radar del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Petro, no contento con simplemente rebatir el fallo, extendió su crítica hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuestionando la falta de acciones judiciales ante múltiples acusaciones que este enfrentó en su gobierno.
Asimismo, sugirió que Uribe estuvo involucrado en supuestas interceptaciones de sus comunicaciones, lo que desató un intercambio de acusaciones en el que el presidente propuso un diálogo—pero no sin antes arremeter contra la falta de responsabilidad por actos pasados.
El desacato de Petro marca un precedente en la relación entre el poder ejecutivo y el judicial en Colombia, generando inquietudes sobre el respeto a las decisiones de la justicia y el manejo de las denuncias de corrupción en el país. Mientras la oposición observa atentamente el desarrollo de los acontecimientos, las reacciones sobre este conflicto prometen seguir dominando el panorama político en los próximos días.
La controversia se intensifica, sumiendo a Colombia en un debate sobre la ética en el servicio público, la responsabilidad judicial y la transparencia en la gestión estatal. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué consecuencias tendrá esta desafiante postura del presidente en el marco legal y político del país?
