Una denuncia penal señala a varios funcionarios por presunta complicidad en la invasión ilegal de terrenos, mientras se desatan acusaciones de corrupción y abuso de poder.
Por: Juana de Arco.
En un giro que promete desatar un nuevo escándalo en el Distrito de Santa Marta, una denuncia penal presentada el 5 de septiembre de 2024 por el abogado Alfonso Camerano Fuentes, acusa a varios funcionarios públicos y particulares de una serie de delitos, incluyendo prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad en documento público y usurpación de inmuebles. El caso, que está siendo investigado por la Fiscalía Seccional de Santa Marta, involucra a personajes de alto perfil como Camilo George Díaz, secretario de Gobierno, entre otros ciudadanos y funcionarios como Alfredo Antonio Vives Caballero, Edgardo De La Cruz Almanza, César Rovira Lozano, Óscar Mosquera García, Edinson Herrera Cubides, Richard Antonio Ponce Pacheco y Nancy Noriega Henríquez.
Los hechos que motivaron esta denuncia tienen su origen en una presunta maniobra para apropiarse de un predio de 28 hectáreas ubicado en el Cerro de La Gloria, en el Distrito de Santa Marta. Según la denuncia, el proceso de invasión de este terreno habría sido encabezado por Vives Caballero, quien, con el apoyo de otros funcionarios y utilizando resoluciones emitidas de manera cuestionable, buscó «revestir de legalidad» un acto de despojo.
Los detalles de la acusación
Representados por Camerano Fuentes, los denunciates Blas Guillermo García Daza, Pedro Francisco Celia Nigrinis y Antonio Francisco Castillo Becerra, sostienen que desde 2017 han sido víctimas de un proceso ilegal que busca despojarlos de su propiedad. Según explican, en septiembre de ese año, la Inspección de Policía de El Rodadero ya había fallado a su favor, ordenando la desocupación del predio por parte de Vives Caballero y sus asociados. Sin embargo, a pesar de este fallo, Vives Caballero continuó su ofensiva legal, presentando tutelas y denuncias penales que fueron rechazadas en primera instancia, pero que le permitieron seguir dilatando el proceso.
El fraude procesal que se le atribuye a Vives Caballero y su abogado, Richard Antonio Ponce Pacheco, se centra en la manipulación de documentos y en la interposición de recursos legales «extemporáneos e infundados» para revertir las decisiones judiciales que favorecían a los propietarios legítimos del terreno. Un ejemplo claro de esta estrategia, según los denunciantes, fue el intento de anulación del fallo de 2017 a través de una solicitud presentada ante el Secretario de Gobierno del Distrito, Camilo George Díaz, quien “sin competencia alguna para asumir conocimiento de un procedimiento regulado por la ley”, procedió a emitir las resoluciones 21 de abril de 2024 y 037 de 26 de abril de 2024.
Resoluciones controvertidas
Las citadas resoluciones emitidas por Camilo George Díaz han sido calificadas de «prevaricadoras» por los denunciantes. Estas resoluciones buscaban declarar la nulidad de todas las actuaciones llevadas a cabo desde la audiencia del 28 de septiembre de 2017, así como de la resolución 001 del 14 de septiembre de 2017, la resolución 002 del 21 de septiembre de 2017 y la diligencia de Inspección Ocular del 9 de junio de 2022. Para los afectados, este acto administrativo no solo fue un abuso de poder, sino una acción encaminada a favorecer los intereses del invasor Vives Caballero.
En palabras de los denunciantes: “La solicitud de nulidad no debía ser notificada, solo estudiada por el despacho, como efectivamente se hizo”, dejando en evidencia una posible concertación ilegal entre los funcionarios involucrados. Además, se ha señalado que tales resoluciones se emitieron sin dar oportunidad a los propietarios afectados de defender sus derechos, violando así principios fundamentales del debido proceso.
Un patrón de abuso y falsificación
El caso ha adquirido una nueva dimensión con la inclusión de pruebas que apuntan a la utilización de documentos falsos para legitimar la apropiación del terreno. Entre estos documentos se encuentra la Resolución de INCORA No. 1087 de 1977, presentada por Nancy Noriega Henríquez, que supuestamente adjudicaba el predio a su favor. Sin embargo, una investigación del Registrador de Instrumentos Públicos de Santa Marta ha revelado que dicha resolución carece de los soportes legales requeridos, y que presenta graves inconsistencias en cuanto a los nombres de los colindantes del inmueble y las fechas de adquisición de estos lotes, detalles que «confirman y hacen más ostensible su presunta falsedad».
Asimismo, se ha demostrado que otros documentos presentados por los denunciados fueron enviados desde correos electrónicos no oficiales, como un supuesto memorando proveniente de la Agencia Nacional de Tierras, que en realidad fue remitido por un correo privado. Estos detalles han generado serias dudas sobre la autenticidad de los documentos utilizados para la reclamación del terreno.
Repercusiones legales y sociales
El caso ha despertado la atención de los medios de comunicación locales y nacionales, así como de organizaciones de derechos humanos que han denunciado la vulneración de derechos fundamentales. Los denunciantes aseguran que esta situación representa un claro ejemplo de cómo los mecanismos legales pueden ser utilizados para “encubrir y legalizar el despojo de tierras” en Colombia.
Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de investigación por parte de la Fiscalía Seccional de Santa Marta, y los denunciantes esperan que se haga justicia y que los responsables de estas acciones sean debidamente sancionados.
Como subrayan los demandantes: “No es posible jurídica ni legalmente que, después de más de 5 años de consolidada dicha situación, con la ejecutoria de la resolución que concedió el amparo policivo, se presente la susodicha nulidad”.
Consulte aquí todos los documentos de la denuncia penal:
Denuncia Penal por prevaric… by LIBERTAD DIARIO
Formato Único de Noticia Criminal:
Formato Único de Noticia Cr… by LIBERTAD DIARIO
Registro del caso en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA):
Registro de denuncia penal … by LIBERTAD DIARIO
