En el marco de una reciente sesión extraordinaria en la Organización de Estados Americanos, el embajador de Colombia ante este organismo internacional Luis Ernesto Vargas, alertó sobre una supuesta persecución de algunos sectores al gobierno de Gustavo Petro Urrego.
Durante la jornada, el diplomático aseguró que en Colombia se están evidenciando acciones “sistemáticas encaminadas a derrocar al presidente Gustavo Petro Urrego”, manifestó.
Lo anterior, de acuerdo con el embajador significa que en Colombia la estabilidad democrática está en “riesgo”.
En palabras de Vargas, algunos sectores de la
oposición política, “junto a algunos medios de comunicación, buscan desprestigiar al Gobierno de Colombia para limitar su capacidad de acción”, cuestionó.
Aunque no mencionó directamente al Consejo Nacional Electoral, el embajador ante la OEA, manifestó que en el país, a pesar de que ya se han emitido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se continúan conociendo “actos administrativos que suspenden derechos políticos”, anotó.
Dichas acciones, según lo indicó, tienen en su mayoría un especial sesgo contra los congresistas “de la coalición de Gobierno”, puso de presente.
Las afirmaciones del embajador, llegan en el marco de las denuncias del presidente de la República Gustavo Petro Urrego, quien en los últimos días ha asegurado que se organiza un golpe de Estado en su contra.
Las alertas del mandatario se dan ya que el Consejo Nacional Electoral está próximo a decidir si acoge o no una ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Bejamín Ortiz, quienes solicitan que se le formule pliego de cargos por supuestas irregularidades en la campaña.
Precisamente, hace algunos días, la primera autoridad nacional enumeró varios puntos que según él, expresan “la perversidad tradicional de la política tradicional colombiana”:
- Creen que el Consejo Nacional Electoral es la entidad que puede juzgar al presidente y lo hacen con un concepto de la sala de consulta del Consejo de Estado hecho rápidamente y que no es vinculante por ley y que no tiene competencia para decidir un conflicto de competencia sobre el fuero presidencial.
- Y dice el artículo, como si nada, que si el Consejo Nacional Electoral decide que el candidato elegido sobrepasó los topes este pierde el cargo, burlando por completo la Convención Americana de Derechos Humanos que es Constitución de Colombia, simplemente porque el Consejo Nacional Electoral no es una instancia judicial penal, sino administrativa. Y la convención americana, es decir nuestra Constitución, prohíbe la pérdida de derechos políticos, como elegir y ser elegido, sólo por sentencia de juez penal.
- Los derrotados por el candidato y por el pueblo quieren decidir en el Consejo Nacional Electoral y en la Comisión de Acusaciones que el presidente que los derrotó y su electorado se vayan, sin que haya cometido delito alguno.
Y así creen que van a tratar el primer triunfo popular después del robo de las elecciones del 19 de abril de 1970. - Es un golpe de Estado lo que planean contra el pueblo y contra el presidente. Así de simple. Y se empeñan los dineros de los poderosos y de la mafia para ello, incluidos los planes de asesinato.
5.En esos 30 días que pasaron después de las elecciones del 2022, el Consejo Nacional Electoral en acto administrativo dijo que no se violaron los topes. Ahora quieren repetir la investigación con tesis torpes por fuera del tiempo legal permitido.
- Que la oligarquía no quiera un presidente que no es de su cuerda es asunto suyo, pero que pretenda tumbarlo es otra cosa.
