Informe de 168 páginas desentraña problemas administrativos y fiscales significativos en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, con un impacto fiscal de más de 3.400 millones de pesos
La Contraloría General de la República ha desvelado una serie de irregularidades graves en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, conocida como Caja Honor, a través de un exhaustivo informe de 168 páginas. Este documento, que cubre la vigencia del año 2023, identifica hasta 20 hallazgos críticos que destacan serias deficiencias en la gestión de la entidad.
Según el informe, Caja Honor enfrenta cinco fallas con incidencia fiscal que suman un total de 3.426.955.459,71 pesos. La entidad, organizada como una empresa industrial y comercial del Estado y encargada de ofrecer apoyos para soluciones de vivienda a sus afiliados, ha visto cuestionada su eficacia y transparencia financiera.
Entre los hallazgos más destacados, la auditoría de la Contraloría señala que, aunque Caja Honor ha aplicado la normatividad vigente, se han encontrado deficiencias de control en aspectos cruciales como la conciliación de cuentas y la valoración de activos.
El documento también critica la gestión administrativa y fiscal de la Caja, revelando que muchos gastos han sido realizados a través de procesos contractuales inadecuados, que no contribuyen efectivamente a la misión principal de la entidad. Estas falencias no solo afectan la finanza de la entidad, sino que también podrían comprometer la confianza de sus afiliados y de los organismos de control.
Este panorama plantea una urgente necesidad de reformas y medidas correctivas en Caja Honor, para asegurar que los recursos sean gestionados de manera eficiente y que se garanticen soluciones habitacionales efectivas para los militares y policías a los que está destinada la entidad.
En relación con las irregularidades administrativas encontradas, se han observado discrepancias notables entre los datos proporcionados por las entidades bancarias y los registros internos de Caja Honor. Entre estos problemas se incluyen inconsistencias en la conciliación de saldos y errores en la identificación de beneficiarios, así como deficiencias en la documentación detallada en el libro auxiliar.
El organismo de control también destacó discrepancias significativas entre los montos pagados por los lotes y su correspondiente valoración, sugiriendo posibles sobreestimaciones en la valuación de los patrimonios autónomos generados por la venta de estos bienes. Esta situación podría indicar una mala gestión en la determinación de los valores de los lotes.
Un hallazgo adicional se refiere a un contrato relacionado con un software de gestión de créditos hipotecarios y leasing habitacional, cuyo período de ejecución original era de 18 meses. A pesar de que se han suscrito 8 modificaciones al contrato, el proveedor aún no ha cumplido con los plazos establecidos, lo que ha provocado retrasos significativos en la implementación del sistema.
También se han identificado problemas en la compraventa de terrenos, donde se ha permitido que particulares ocupen y utilicen bienes inmuebles del Estado sin la formalización de contratos adecuados. Estas deficiencias en la gestión de la propiedad estatal han llevado a situaciones de ocupación irregular y uso indebido de los bienes públicos.
Uno de los cinco hallazgos con implicaciones fiscales se refiere a la venta de viviendas en la urbanización Bicentenario, situada en Palmira, Valle del Cauca. Caja Honor había establecido un acuerdo con Alianza Fiduciaria S.A. para mantener los derechos legales de estas propiedades en un patrimonio autónomo.
En total, 37 viviendas fueron incorporadas a este patrimonio. Sin embargo, debido a problemas de seguridad, la mayoría de estas viviendas tuvieron que ser evacuadas por las fuerzas militares y sus familias. Como resultado, 28 de las propiedades fueron posteriormente vendidas. Para determinar el valor de estas ventas, se contrató a un evaluador que no estaba registrado en el Registro Abierto de Avaluadores y, por ende, carecía de la licencia necesaria para realizar las tasaciones.
Y es que no bastaba con que el evaluado estaba limitado para ejercer, sino que además, con base en su avalúo, procedieron a la venta de los inmuebles por debajo del valor permitido.
“El valor del avalúo comercial presentado en 23 inmuebles está muy por debajo del avalúo catastral para cada una de las vigencias de venta de los inmuebles, lo cual evidentemente genera una diferencia en el valor de la venta de los inmuebles frente al valor inicial de adquisición causando un perjuicio probado sobre el patrimonio de la entidad (…) estas diferencias presentadas en 23 inmuebles suman un total de $676’345.700”, dice la auditoría.
En el marco del proyecto Bicentenario, surgió una irregularidad fiscal relevante que involucra el pago de avalúos no realizados. Se descubrió que un individuo fue remunerado por llevar a cabo 20 valoraciones de propiedades; sin embargo, una revisión detallada reveló que dichas valoraciones fueron efectuadas por otra persona. Según el informe de auditoría, “no se cuentan con los documentos que respalden el pago por los 20 avalúos realizados por el señor Evier de Jesús xxxx xxxx, a pesar de la existencia de una resolución de pago, cuenta de cobro y comprobante de pago de $6.000.000 por parte de Caja Honor. Esto resultó en una pérdida de recursos por la misma cantidad”.
Adicionalmente, otro hallazgo fiscal relacionado con el proyecto en San Isidro, Jamundí, Valle del Cauca, reveló un problema significativo en la compra de viviendas. Aunque se había firmado un contrato para la adquisición de ciertas casas, la entidad no completó la compra de estas propiedades. A pesar de ello, se efectuaron pagos por $2.668.000.000 a un contratista, destinados a cubrir costos asociados con diseños y licencias. El contratista no tenía la obligación de entregar las viviendas ya que Caja Honor canceló el acuerdo, lo que plantea serias dudas sobre la justificación de estos gastos.
Estas irregularidades subrayan serias deficiencias en la gestión financiera de Caja Honor, poniendo en evidencia tanto la falta de supervisión en los procesos de pago como la insuficiencia en los controles para garantizar la correcta ejecución de los contratos. La detección de estas anomalías resalta la necesidad urgente de medidas correctivas para evitar futuras pérdidas y asegurar una administración más transparente y eficiente de los recursos.
Resumen de los hallazgos encontrados en auditoría a Caja Honor // Foto: Captura de documento.
“Del expediente contractual y la información solicitada a Caja Honor se evidenció que tanto la entrega de los productos acordados como el pago de los porcentajes pactados anteriormente fueron efectivamente realizados. Sin embargo, estos productos y trámites acordados no fueron utilizados debido a que la Caja no adquirió ninguna vivienda en virtud del citado contrato. No obstante, se adelantaron todos estos trámites administrativos que representaron para la entidad un desembolso de recursos de $2.668’000.000 incluido el valor de IVA, sin que dichos productos hubiesen prestado algún beneficio para la entidad o sus afiliados”, se lee en la auditoría.
Paralelamente, el ente de control realizó un llamado de atención debido a que Caja Honor continuó con el pago del impuesto predial del lote La Cordialidad, situado en Barranquilla, esto a pesar de haber sido vendido a un tercero en el año 2016, cuyo comprador debía pagar el predial correspondiente a 2020 y 2021; sin embargo, saldó solo una parte. “Caja Honor ha erogado recursos para el pago del impuesto predial del lote La Cordialidad sin que exista una obligación legal o contractual que así lo determine, ya que como se evidenció en otrosíes al contrato, el comprador era quien en primer lugar de acuerdo con la transferencia de terreno debía asumir el pago de impuestos, transferencias que iniciaron desde el 19 de febrero de 2018 y a raíz de esto, la matrícula quedó inactiva en el año 2019”, plantea el documento.
La Contraloría señaló que el comprador debe asumir el total del impuesto predial correspondiente a los años 2020 y 2021. Además, el contratista está obligado a pagar un monto proporcional de $150.565.100,29 por el terreno desenglobado, con un saldo restante de $51’977.499,71.
El órgano de control ha cuestionado la contratación de estudios de seguridad realizada en 2022, señalando que esta acción resultó innecesaria y costosa. Desde 2017, Caja Honor ya había establecido un convenio que permitía la realización de estos estudios sin incurrir en gastos adicionales.
En detalle, se observó que para la adquisición de viviendas para sus afiliados, la entidad debía elaborar un «estudio de seguridad» de las áreas correspondientes. Sin embargo, en 2022, Caja Honor firmó el contrato de prestación de servicios No. 84, por el cual se pagaron $17’047.665 por estudios en Boyacá, Córdoba y Valle del Cauca. Esta contratación se hizo a pesar de que el convenio interadministrativo con el Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, suscrito en 2017, ya cubría la elaboración de estos estudios de seguridad.
En conclusión, el informe de la Contraloría revela una gestión cuestionable por parte de Caja Honor en el manejo de recursos para los estudios de seguridad de los proyectos de adquisición de viviendas del Fondo de Solidaridad. A pesar de contar con la posibilidad de realizar estos estudios sin costo adicional mediante el convenio interadministrativo 143 de 2017, la entidad decidió externalizar este servicio, incurriendo en un gasto innecesario de $17.047.665. Esta decisión no solo representa una pérdida significativa de recursos, sino que también pone en evidencia una falta de eficiencia en la administración y utilización de los fondos públicos.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
De la Redacción 3: Y.A.
