En la actualidad, los ciudadanos del área metropolitana de Barranquilla, incluidos Galapa, Soledad, Malambo y Puerto Colombia, enfrentan crecientes preocupaciones por la seguridad.
Estos municipios a pesar de pagar impuestos y tasas para garantizar una mejor seguridad, muchos sienten que estos servicios no se reflejan adecuadamente en la realidad cotidiana, donde la extorsión, los robos y otros delitos se han vuelto frecuentes.
Los residentes del barrio San Felipe de la ciudad de Barranquilla por ejemplo, han comenzado a cuestionar el uso de la tasa de seguridad que pagan, planteando si podrían negarse a pagar este impuesto como forma de protesta debido a la falta de resultados visibles. En este contexto, se pregunta si ¿es posible pagar el recibo de servicios como el de AIR-E sin abonar la tasa de seguridad?, y ¿qué se hace con el dinero recaudado a través de este impuesto?.
El bufete de abogados ha sido consultado para ofrecer orientación sobre cómo proceder en este asunto. Se está considerando si la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades puede justificar una desobediencia civil en forma de negativa a pagar el impuesto de seguridad. La comunidad exige transparencia sobre el destino de los fondos recaudados y una mejora real en las condiciones de seguridad que se viven en las calles.
Mientras tanto, la preocupación crece y los ciudadanos buscan respuestas claras sobre cómo se están utilizando los recursos destinados a la seguridad y qué medidas se están tomando para abordar la delincuencia y mejorar la protección en sus barrios.
