La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha respondido contundentemente a las recientes denuncias formuladas por el senador Miguel Uribe, quien sugirió que el director de la entidad, Felipe Harman, está implicado en una contratación irregular dentro de la agencia. En un comunicado, la ANT desmiente estas acusaciones y proporciona detalles sobre los avances significativos en su gestión.
Según la ANT, la entidad ha experimentado un crecimiento considerable en su presencia territorial, pasando de ocho oficinas a 32 en todo el país, lo cual ha requerido una mayor asignación de recursos para cumplir con sus funciones. “La ANT pasó de 8 a 32 oficinas territoriales. Hoy, la entidad tiene oficinas en todos los departamentos de Colombia, acercándonos a donde viven los campesinos, las comunidades étnicas y Afro, quienes solicitan la presencia activa de la autoridad de tierras competente”, subrayó la institución. Esta expansión, según la agencia, es parte del compromiso del gobierno actual para garantizar una presencia más efectiva en las regiones donde los campesinos y las comunidades étnicas requieren servicios de la autoridad de tierras.
Además de la ampliación territorial, la ANT destaca los avances en los procesos de formalización de tierras y recuperación de baldíos a nivel nacional. “En la ANT, hemos formalizado tierras el doble de lo que formalizó el gobierno de Duque. Durante dos años, el Gobierno de Gustavo Petro, ha formalizado más de 1.138.000 hectáreas, lo que es muy superior a administraciones anteriores”, enfatiza el comunicado. También se ha trabajado en la clarificación de procesos agrarios en 190.000 hectáreas, con investigaciones en áreas estratégicas como las ciénagas, para asegurar que el proceso de paz se implemente adecuadamente y que el campesino sea el principal beneficiario de la reforma agraria.
En respuesta a las acusaciones de supuestas actividades de inteligencia y contrainteligencia, la Agencia de Tierras desmintió categóricamente tales afirmaciones. “La Agencia Nacional de Tierras, NO cuenta con un contrato de prestación de servicio cuyo objeto sea desarrollar labores de inteligencia y contrainteligencia. Actualmente, en la entidad contamos con un analista de riesgo que revisa los sitios donde la agencia, junto a la Fuerza Pública, debe ir a recuperar o enfrentar una posible confrontación. Este profesional territorial trabaja en el marco de las competencias y facultades legales en el Código de Policía, y con el acompañamiento de la Fuerza Pública”, aclaró la entidad. De esta forma, la ANT sostiene que todas sus operaciones se realizan bajo el amparo de la ley y con el respaldo de la Fuerza Pública cuando es necesario.
Por último, la ANT destaca su compromiso con la implementación del acuerdo de paz, lo cual se ha materializado en la adquisición de más de 200.000 hectáreas destinadas a los campesinos y comunidades étnicas. Este esfuerzo se enmarca dentro de las metas establecidas para asegurar una distribución justa de tierras y promover el desarrollo rural en las regiones más necesitadas del país.
