El reciente anuncio del Gobierno de Gustavo Petro sobre la intervención de Air-e en Atlántico, La Guajira y Magdalena marca un punto crítico en la crisis del sector energético en la región Caribe de Colombia.
Esta intervención, aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), se plantea como una medida para garantizar la continuidad del servicio público de energía, una situación que ha suscitado una serie de implicaciones económicas, políticas y sociales.
La intervención de Air-e responde a una situación financiera desesperada. La empresa enfrenta deudas acumuladas de $1.8 billones y un incremento desmesurado en los costos de energía en la bolsa, que ha subido un 1000% desde enero de 2023. La incapacidad para cobrar el servicio a miles de clientes y la falta de subsidios para los estratos más bajos han exacerbado la crisis. Jaime Lombana, representante jurídico de Air-e, describe la situación como «muy grave e insostenible,» una valoración que refleja la severidad del problema.
El Gobierno Nacional, ya familiarizado con la intervención en sectores críticos como el de la salud con la Nueva EPS y EPS Sanitas, se enfrenta ahora al desafío de manejar la crisis en el sector energético. La intervención propuesta para Air-e parece ser una continuación de esta estrategia, pero conlleva un riesgo significativo. La intervención no solo busca estabilizar la empresa, sino también garantizar que los consumidores no sufran interrupciones en el suministro eléctrico. Sin embargo, la capacidad del Gobierno para cumplir con esta promesa está en entredicho debido a las limitaciones financieras que enfrenta.
Un aspecto crucial es el compromiso del Gobierno de pagar la opción tarifaria, una deuda que ascendía a $5 billones y que ha sido parte del discurso gubernamental desde mayo. A pesar de las promesas, el pago aún no se ha realizado y solo quedan dos cuotas pendientes. La reciente inclusión de este rubro en la Reforma Tributaria puede ser un intento de resolver la situación financiera, pero plantea dudas sobre la viabilidad del Gobierno para cumplir con estos compromisos, especialmente cuando se enfrenta a una presión financiera creciente para completar el Presupuesto General de 2025.
El Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ha solicitado que el compromiso de pago del Estado se transforme en una compensación para los usuarios de Air-e y Afinia de estratos bajos. Esta propuesta refleja un intento de mitigar el impacto en los consumidores, que son los más afectados por la crisis. La intervención también debe considerar el reciente ataque cibernético que ha dejado a Air-e con sistemas comprometidos, un factor que añade complejidad a la recuperación de la empresa.
La intervención de Air-e por parte del Gobierno representa una medida drástica pero necesaria para evitar el colapso del servicio eléctrico en Atlántico, La Guajira y Magdalena. No obstante, el éxito de esta intervención dependerá de la capacidad del Gobierno para cumplir sus promesas financieras y gestionar de manera eficaz tanto la estabilidad de la empresa como el impacto en los consumidores. La situación plantea un desafío significativo, no solo para la administración actual, sino también para el futuro del sector energético en la región, que debe enfrentar una estructura de costos y deudas que requiere una solución a largo plazo más allá de las medidas inmediatas.
