La crisis financiera de Air-e lleva al Gobierno a intervenir para asegurar la prestación del servicio en Atlántico, La Guajira y Magdalena. Se contemplan tres modalidades de intervención según el desarrollo del proceso.
El presidente del Intergremial del Atlántico enfatiza la necesidad de inversión y reforma para asegurar el suministro energético en la región.
En respuesta a la crisis financiera que ha llevado a Air-e al borde del colapso, el Gobierno Nacional ha decidido intervenir la empresa para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) está trabajando en los trámites necesarios para expedir la resolución correspondiente que definirá el rumbo de la intervención, luego de recibir el aval de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
El proceso de intervención se ejecutará mediante el nombramiento de un agente especial encargado de ejercer funciones públicas temporales. Según una circular emitida por la Superservicios, “de esta manera, la Superservicios no coadministra, ni es responsable de la administración interna de la entidad objeto de toma de posesión independientemente de la modalidad en la que se encuentre”. La intervención busca establecer una “solución empresarial e institucional sostenible” para garantizar la prestación del servicio a largo plazo.
Existen tres modalidades para llevar a cabo la intervención, cada una con sus propias características y objetivos:
- Intervención administrativa: Esta modalidad permite a la empresa superar las causales de intervención a través de “actos de mera gestión”. La duración inicial es de un año, prorrogable por otro.
- Intervención con fines liquidatorios: Se opta por esta modalidad cuando las causas son de carácter estructural, y se pueden implementar acciones como la reestructuración financiera y administrativa, la vinculación de nuevos gestores o la liquidación y creación de nuevas empresas.
- Liquidación: Esta medida se adopta cuando la empresa no puede continuar con su objeto social. Implica la terminación de su existencia legal y el pago de los pasivos hasta donde alcancen los activos disponibles.
La Dirección de Entidades Intervenidas y en Liquidación será la encargada de supervisar y monitorear el proceso, dando prioridad a la prestación continua de los servicios. Este proceso será acompañado por las superintendencias delegadas para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, y para Energía y Gas Combustible.
Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía, comentó a un medio de comunicación local sobre los desafíos que enfrenta la intervención. Según Acosta, “una vez decidida la intervención, la empresa está en cabeza del Gobierno Nacional y de la Superintendencia de Servicios Públicos garantizarle, a los usuarios del servicio, la prestación del mismo en condiciones de eficiencia, calidad y continuidad por lo más da la ley”. El primer reto será asegurar los recursos “necesarios” y “suficientes” para pagar la energía comprada a los generadores, lo que es crucial para mantener la seguridad energética en las regiones afectadas.
Air-e enfrenta serios problemas financieros, con pérdidas mensuales cercanas a los $50 mil millones. La empresa ha tenido dificultades para cumplir con sus pagos debido al aumento en los precios de la energía en Bolsa, lo que ha llevado a retrasos recurrentes en los pagos. Estas dificultades la han puesto en una situación similar a la que llevó a la intervención de la extinta Electricaribe en 2016.
Con la intervención, el Gobierno Nacional, apoyado por el Ministerio de Minas y Energía, tomará el control del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira para asegurar su continuidad y mejorar su calidad. La intervención no será indefinida, sino que preparará el terreno para que un nuevo operador, ya sea privado, público o de economía mixta, reemplace a Air-e.
Gobierno asegurará el servicio de energía: Efraín Cepeda Tarud
El presidente del Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, ha destacado que se está a la espera de una comunicación oficial de la Superintendencia Nacional de los Servicios Públicos, que debe llevar a cabo la intervención de la empresa Air-e. Cepeda subrayó en una entrevista con un portal de noticias digital que, una vez se materialice esta intervención, el Gobierno nacional se encargará de garantizar el suministro de energía para satisfacer las necesidades de los usuarios.
Cepeda Tarud explicó que la intervención de Air-e es crucial para la estabilidad del servicio, y agregó que uno de los aspectos más importantes a considerar es la adquisición de energía. “Hoy, el Gobierno nacional es el responsable de garantizar la compra de energía, una vez se efectúe la intervención, porque es uno de los aspectos necesarios para satisfacer las necesidades y el servicio que se presta a los usuarios”, precisó el dirigente a dicho informativo.
En su análisis, Cepeda subrayó que la inversión en contratos a largo plazo es esencial para evitar que los usuarios se vean afectados por variaciones en los precios de la energía en el mercado. Asimismo, destacó la importancia de invertir en la infraestructura eléctrica para mejorar la distribución local de energía y reducir las pérdidas técnicas que, en la actualidad, elevan el costo del servicio.
Además, Cepeda indicó a uno de los medios fuentes de este escrito, que es urgente la recuperación de la cartera estatal relacionada con subsidios para los estratos bajos. También enfatizó que los entes territoriales deben cumplir con el pago de deudas de colegios y hospitales públicos para mejorar la situación financiera de Air-e.
Para concluir, Cepeda Tarud mencionó la necesidad de revisar el régimen tarifario especial para la región Caribe. Según él, esto permitirá el cobro de pérdidas por robos y facilitará la inversión anticipada por parte de las empresas.
“Se debe revisar el régimen tarifario especial para la región Caribe, porque en últimas habilita el cobro de las pérdidas negras o por robo, y habilita la inversión a las empresas de manera anticipada”, cerró el presidente del Intergremial del Atlántico.
