La Contraloría General de la República ha decidido compulsar copias a la Procuraduría General y a la Fiscalía General de la Nación tras recibir una denuncia de la firma de abogados G&G Asociados.
La denuncia involucra una serie de contratos ejecutados en 2022 y 2023 en el departamento del Meta, destinados a implementar y dotar sistemas de filtración de agua en batallones, centros vida y establecimientos educativos.
El objetivo de estos contratos era mejorar el acceso al agua potable en la región, pero la Contraloría ha encontrado presuntas irregularidades que justifican la intervención de los organismos de control fiscal y penal. Las acusaciones apuntan al exgobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, así como a varios funcionarios de su administración y a los exalcaldes de Puerto Gaitán, Puerto López, y Mapiripán.
Según el informe de la Contraloría, se han detectado irregularidades significativas en los contratos, que suman aproximadamente $35 mil millones. Los contratos en cuestión, ejecutados a través de la Secretaría de Gobierno, incluyen uno por $4.790 millones y otro por $2.344 millones. La denuncia sugiere que la Gobernación del Meta y el Ejército Nacional no justificaron adecuadamente la necesidad de adquirir los filtros purificadores de agua H2GO R1.
La Contraloría cuestiona la falta de estudios previos que analicen la calidad del agua, los problemas en su captación, y los costos-beneficios ambientales y técnicos de los filtros. Además, se alega que no se realizaron los diagnósticos necesarios para estructurar un proyecto efectivo de adquisición de estos insumos. La ausencia de términos de referencia técnicos adecuados también ha sido un punto de crítica.
Otra preocupación clave es la modalidad de contratación utilizada. La denuncia sugiere que se prefirió la contratación directa en lugar de una licitación pública, lo que podría haber sido una estrategia para evitar el proceso de selección más transparente. La Contraloría ha indicado que este procedimiento podría constituir una irregularidad disciplinaria, lo que llevó a la Procuraduría General a tomar conocimiento del caso para evaluar posibles responsabilidades.
El informe también destaca que los filtros de agua adquiridos carecen de certificaciones que garanticen su calidad, lo cual pone en duda su eficacia para mejorar el acceso al agua potable. Los abogados que presentaron la denuncia sostienen que tanto la empresa contratista como la Gobernación del Meta habrían replicado estas prácticas en otros contratos similares, lo que podría indicar un patrón de comportamiento irregular.
Con la remisión de copias a la Procuraduría y la Fiscalía, se abre un proceso de investigación para determinar las posibles responsabilidades disciplinarias y penales. La Procuraduría se encargará de evaluar las implicaciones administrativas, mientras que la Fiscalía investigará las posibles infracciones penales asociadas.
La situación plantea una serie de desafíos para las autoridades involucradas y destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en la contratación pública para garantizar la transparencia y la correcta utilización de los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
