El Gobierno estudia la intervención de Air-e tras una solicitud de la misma empresa en medio de una crisis financiera y un escenario de conflictos con generadoras.

La Superintendencia de Servicios Públicos sigue investigando la compra de energía de Air-e y su impacto en las tarifas, mientras se revelan supuestas maniobras contractuales de la compañía que hoy alega asfixia total.

Por: Juana de Arco.

Hace un mes, el pasado 10 de agosto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) anunció una vigilancia permanente sobre los procesos de compra y venta de energía debido a preocupaciones por los altos precios. Esta medida se tomó tras la cumbre realizada en Barranquilla para abordar la crisis de tarifas, particularmente en la región Caribe. Durante este evento, la entidad advirtió que el precio de compra de energía “continúa siendo muy superior al ponderado en bolsa”, una situación que afecta a miles de usuarios.

La Superservicios en ese momento subrayó que seguirá investigando «la legitimidad de los contratos de autocompra de energía a precios significativamente más altos, entre Air-e Comercializador y Air-e Generador». Este contrato, vigente hasta el 31 de diciembre de 2024, surgió de una convocatoria organizada por el operador XM entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, destinada a la adquisición de energía para el mercado regulado.

Investigaciones en curso y respuestas contradictorias

Como parte de la vigilancia, la Superservicios solicitó a Air-e Generador información detallada sobre la convocatoria que resultó en la adjudicación de compra de energía. Se buscaba esclarecer las razones para la definición del precio de reserva de la convocatoria y el precio ponderado adjudicado. Además, se pidió a MEM-XM que proporcionara detalles de los contratos de respaldo y las condiciones que debe cumplir Air-e Generador para ser registrado como agente generador.

El 27 de junio, MEM-XM respondió que los contratos bilaterales de largo plazo no estaban registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) «debido a que Air-e Generador no contaría con la condición de agente generador y, por lo tanto, no podría realizar el registro de contratos de largo plazo». Sin embargo, el 12 de julio, XM informó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) afirmó que «el registro de frontera comercial no es un requisito ante el ASIC para ser agente generador y transar en el MEM». A pesar de esta aclaración, la Superservicios insistió en que este registro «sí es necesario para el cálculo de garantías asociadas a esta frontera».

En su concepto detallado, la entidad rechazó la interpretación de XM y sostuvo que, basándose en sus investigaciones, «se continúa con el despacho del contrato de compra de energía entre Air-e Comercializador y Air-e Generador por un valor promedio ponderado de $689/kWh y una energía de 827.854 MWh-mes«. Para diciembre de 2023, el precio promedio ponderado en bolsa fue de $669/kWh y, tras el fenómeno de La Niña, se esperaba una reducción significativa que, para julio, alcanzó $291/kWh, «muy inferior al valor promedio del contrato». La Superservicios concluyó que seguiría vigilando de cerca los contratos «para garantizar la eficiencia en el mercado eléctrico».

Denuncias adicionales y acusaciones de prácticas irregulares

Por otro lado, una reconocida revista nacional publicó una denuncia el pasado domingo 9 de junio, señalando que la empresa Air-e «estaría ganando por lado y lado» en el mercado de la energía. Según el medio, Air-e, propiedad del empresario Alberto Ríos Velilla, habría recibido una millonaria compensación por la llamada «opción tarifaria» y, además, estaría elevando las tarifas a los usuarios mediante «una maroma contractual» que involucra la autocompra de energía.

Dicho informativo señala que Air-e «se vendió a sí misma energía para todo 2024 a 689 pesos por kilovatio hora, cuando el precio promedio de los contratos en ese momento era de 311 pesos por kilovatio hora«. Esta operación, alega la revista, fue facilitada mediante requisitos contractuales que resultaban prácticamente imposibles de cumplir para otros posibles proveedores de energía, limitando así la competencia.

Reacciones y controversias en torno a la denuncia

En respuesta a la denuncia de la mencionada revista, Air-e afirmó que las acusaciones están «plagadas de afirmaciones patentemente falsas». Argumentó que el mercado actual de generación de energía en Colombia «es un oligopolio, donde los generadores no venden energía a mercados de población vulnerable y prefieren tranzarla en la bolsa donde ejercen poder de mercado». La empresa defendió que «no ha recibido utilidad alguna» en la venta de energía denunciada y que «el precio de 689 $/kWh no es trasladado en un 100% al usuario final».

Air-e también criticó la denuncia por no haber sido notificados de la misma y señaló que tomará medidas legales para defenderse de estas «falsedades».

Implicaciones para el mercado de energía y los usuarios

Esta situación ha generado preocupación entre los expertos del sector, quienes advierten que la estrategia de Air-e podría hacer que los usuarios asuman tarifas más altas. Según dicha revista, para 2024, unas 600.000 personas podrían estar pagando más por la energía, cifra que podría aumentar a 2,5 millones de usuarios para 2026, impactando directamente a los residentes de La Guajira, Atlántico y Magdalena.

En conclusión, mientras la Superservicios sigue vigilando el mercado de energía y las prácticas de Air-e, las denuncias de prácticas anticompetitivas y los altos costos de energía permanecen en el centro del debate público. La expectativa ahora es ver cómo responderán las autoridades competentes y qué impacto tendrá este caso en las tarifas de los usuarios.

Superintendencia avanza hacia la intervención de Air-e para mejorar el servicio eléctrico en la Región Caribe

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció recientemente un posible proceso de intervención a la empresa Air-e, que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Este anuncio llega después de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) emitiera un concepto positivo para dicha intervención. Según el Superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, el siguiente paso será “verificar todas las cifras” mediante una auditoría exhaustiva para comprender el estado actual de la empresa. “Analizamos decisiones sobre Air-e para que sean garantes de que vamos a mejorar”, señaló Quiroga en una entrevista con una reconocida emisora de Barranquilla.

Quiroga explicó que la intervención de Air-e responde a una serie de factores, como los continuos cortes de servicio y la compleja situación financiera de la empresa. Además, se ha tomado en cuenta «la advertencia que nos ha hecho XM con respecto a la terminación de unos contratos de energía». En este contexto, Quiroga enfatizó que el Gobierno está evaluando todas estas circunstancias para tomar las decisiones correctas, pues «la crisis energética en el Caribe viene de tiempo atrás y se ha venido agudizando con las altas tarifas que vienen pagando los usuarios de la Región Caribe».

Impacto y reacciones ante la posible intervención

La decisión de intervenir Air-e no es la única que está sobre la mesa. El Superintendente dejó claro que otras empresas del sector, como Afinia, también podrían ser objeto de una intervención. Además, mencionó la posibilidad de intervenir a las generadoras de energía, señaladas por disfrutar de altos márgenes de rentabilidad sin asumir riesgos significativos. Quiroga recordó que “en la opción tarifaria, los que asumieron el riesgo fueron las distribuidoras y comercializadoras, las generadoras no asumieron ningún riesgo”.

El trasfondo de esta situación es la entrega de Air-e al Gobierno, que fue acordada debido a la grave crisis financiera que atraviesa la empresa. En una carta enviada al Gobierno, la compañía solicitó la intervención para garantizar la continuidad del servicio. La empresa ha manifestado que, a pesar de haber realizado mejoras, las «condiciones actuales del mercado, incluyendo los altos costos de generación y la volatilidad de la Bolsa de Energía, han puesto una presión considerable en la estabilidad financiera de las empresas comercializadoras y distribuidoras».

Crisis financiera y acumulación de deudas

El senador Efraín Cepeda reveló que las reuniones entre Air-e, el Gobierno y las generadoras han sido constantes, en busca de soluciones que permitan la operación continua de la empresa. “Los números son alarmantes: deudas por cobrar de $1,8 billones y un incremento desmesurado en los costos de energía en bolsa, que para septiembre de 2023 superaba en 1.000% al de enero del mismo año”, explicó Cepeda.

Por su parte, Air-e ha defendido su gestión y señala que, desde su llegada en 2020 para reemplazar a Electricaribe, ha invertido más de $1,2 billones en mejorar la infraestructura eléctrica y ha ejecutado cerca de 967 obras. Según Santiago Posso, gerente general de la empresa, «el tiempo de interrupción promedio (Saidi) se ha reducido en 61,74%, y la frecuencia de interrupciones (Saifi) ha mejorado 68,36%«.

Conflictos con generadoras y alegaciones de prácticas anticompetitivas

La polémica se extiende más allá de la intervención. En junio, Air-e solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investigar a cinco generadoras de energía, incluidas Isagen, acusándolas de manipular los precios de los kilovatios vendidos. Isagen, por su parte, respondió afirmando que la mayoría de sus contratos son a largo plazo y que, en el marco de la iniciativa de Justicia Tarifaria, otorgó descuentos voluntarios por un total de $21.000 millones a Air-e durante 2022-2023.

Pasos futuros y perspectivas

Ante este complejo panorama, la Superintendencia de Servicios Públicos asegura que seguirá evaluando las alternativas necesarias para resolver el conflicto regulatorio que afecta el precio del kilovatio de energía en la Región Caribe. Por su parte, Air-e confirmó que mantiene conversaciones con el Gobierno para «encontrar una solución que permita garantizar la continuidad del servicio». En el corto plazo, la empresa busca estabilizar su operación y mitigar el impacto de la deuda acumulada, así como las pérdidas no técnicas provocadas, en gran parte, por el robo de energía.

El desenlace de este caso sigue siendo incierto, pero lo que es seguro es que tanto la Superintendencia como Air-e están trabajando para asegurar un servicio más eficiente y transparente para los millones de usuarios en la Región Caribe.