La asignación destinada a salarios y pensiones representa un desafío significativo, limitando recursos para programas sociales y de inversión.
El Gobierno colombiano se enfrenta a una situación financiera desafiante para el año 2025, con la obligación de destinar la exorbitante suma de $106 billones para cubrir la nómina del Estado. Esta cifra, que refleja un gasto de funcionamiento crítico, ha generado una considerable discusión en el Congreso y entre expertos, quienes sugieren la necesidad de revisar y potencialmente ajustar estos gastos para liberar recursos destinados a programas sociales y de inversión.
El alto monto requerido para mantener la nómina estatal incluye los giros mensuales para todos los funcionarios, tanto de carrera como de libre nombramiento. Sin embargo, debido a la magnitud de este gasto, diversas voces han señalado la necesidad de evaluar ajustes o recortes. La intención sería redirigir recursos a áreas cruciales para la reactivación económica, a pesar de que cualquier reducción en el presupuesto para estos gastos podría ser complicada debido a las garantías laborales de los empleados públicos.
“El Gobierno tendrá que destinar $106 billones para pagar la nómina del Estado en 2025 para los 1,16 millones de personas que trabajan en el sector público”, explicó una fuente gubernamental. Este gasto se traduce en un promedio de $7,6 millones mensuales por funcionario. De este total, aproximadamente el 50% ($46 billones) se destinará a las regiones para cubrir los gastos de personal en salud, educación y universidades públicas, beneficiando a 466.568 personas en estos sectores.
En cuanto a los gastos en seguridad nacional y fuerzas armadas, el Gobierno deberá asignar $27 billones, un incremento del 10% en comparación con el año anterior. Este presupuesto cubrirá a 510.608 individuos en las fuerzas de defensa y seguridad, con una parte significativa destinada a la Policía Nacional ($10,7 billones) y al Ministerio de Defensa para soldados y alumnos ($7,5 billones). Otros recursos serán distribuidos entre las Fuerzas Militares, auxiliares de la Policía, y civiles del Ministerio de Defensa.
El gasto en la Rama Judicial, la Fiscalía y los organismos autónomos también representa una parte considerable del presupuesto, ascendiendo a $18,5 billones para 87.809 funcionarios. La mayor parte de estos recursos se asignará a la Rama Judicial, que requiere $8,1 billones para sus 38.000 empleados, seguido por la Fiscalía con $5,5 billones para sus 27.163 trabajadores. Además, la Procuraduría y la Contraloría recibirán alrededor de $3 billones, y el Congreso contará con $770.000 millones.
Por último, el gasto en la Rama Ejecutiva del Gobierno Nacional, que abarca a 97.769 personas, requerirá $14 billones en total. Este presupuesto se desglosa en aproximadamente $143,2 millones al año o unos $12 millones mensuales por funcionario. Entre las principales áreas de gasto se encuentran el sector de hacienda con $4,7 billones, seguido por justicia y derecho ($2,1 billones), igualdad y equidad ($1 billón), y transporte y relaciones exteriores, con cerca de $1 billón cada uno.
El panorama financiero de 2025 plantea un desafío considerable para el Gobierno colombiano, ya que el elevado monto destinado a la nómina limita la capacidad de inversión en otros sectores críticos para el desarrollo económico y social del país.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
