Denuncian graves irregularidades en la adjudicación de activos de Electricaribe a Air-e y Afinia, que podrían estar detrás de la crítica situación financiera de la empresa. Los usuarios piden una auditoría exhaustiva y detallada para proteger los recursos públicos.
La Liga Nacional de Usuarios Costa Caribe ha lanzado una seria advertencia sobre la presunta insolvencia de la empresa Air-e, cuestionando la transparencia en la gestión de los activos adquiridos de Electricaribe. Según la organización, esta noticia debe ser tomada «con beneficio de inventario», pues consideran que existen suficientes elementos que sugieren un manejo inadecuado de los recursos públicos durante la transición de Electricaribe a Air-e y Afinia.
De acuerdo con la Liga, el proceso de adjudicación de los activos de Electricaribe a estas empresas, llevado a cabo durante el gobierno del expresidente Iván Duque, estuvo plagado de irregularidades. «Está probado que los dueños de Air-e pagaron $285.000 millones de pesos por activos de Electricaribe en Atlántico, Magdalena y La Guajira», señaló Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios Costa Caribe. Sin embargo, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mediante la Resolución 078 de 2021, tasó esos mismos activos en $2.4 billones de pesos. Esta diferencia de valor ha provocado «una lesión enorme al patrimonio público», argumenta Alarcón, y se refleja en las elevadas tarifas que los usuarios de la costa Caribe han venido pagando.
Además, Alarcón subraya que la administración Duque entregó a Air-e y Afinia garantías adicionales por un valor de dos billones de pesos, «un billón de pesos a cada empresa», en distintos rubros, como establece la Resolución 1877 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, firmada por Alberto Carrasquilla. “También se beneficiaron Air-e y Afinia con el régimen especial tarifario contra los costeños, con la sobretasa del 20% a la comercialización de energía solo en la Costa desde el año 2020; como si fuera poco Air-e ha recaudado casi toda la opción tarifaria que le aprobó el gobierno actual del presidente Petro según Resolución CREG 101 028 de noviembre de 2023 y que ya ha recogido $720.000 millones de un total de $850.000 millones de pesos (en menos de un año)”, manifiesta Alarcón.
Alarcón denuncia que, a pesar de estas considerables inyecciones de recursos, Air-e sigue enfrentando problemas de flujo de caja. “Es decir, quedan muchas dudas si después de recibir tan elevadas sumas de billones de pesos, ahora resultan con agobios y que no tiene flujo de caja. Se requiere entonces una auditoria forense lo más pronto posible a la empresa Air-e”, asegura. Estas preocupaciones han llevado a la Liga de Usuarios a exigir una auditoría forense inmediata y exhaustiva que aclare el destino de estos fondos y garantice la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
La Liga Nacional de Usuarios subraya la importancia de cumplir estrictamente con los principios de auditoría establecidos por la Ley 142 de 1994, en sus artículos 45 a 52, los cuales abarcan auditorías tanto internas como externas. En particular, el inciso cuarto del artículo 51 resulta crucial al señalar que la auditoría externa debe «obrar en función tanto de los intereses de la empresa y de sus socios como del beneficio que efectivamente reciben los usuarios y, en consecuencia, está obligada a informar a la Superintendencia las situaciones que pongan en peligro la viabilidad financiera de una empresa».
Para Alarcón, la crisis que enfrenta Air-e y el sector eléctrico en la Costa Caribe ilustra claramente el desacierto de la estrategia de privatización de los recursos públicos instaurada en la Ley 142 de 1994″. Según su análisis, esta legislación, que en su momento impactó negativamente a Corelca, un activo vital para toda la región Caribe, ha llevado a un «colapso» que se manifiesta hoy en la difícil situación de Electricaribe y Air-e. «Han sido casi tres décadas de fracasos en la gestión estatal del servicio eléctrico», sentenció Alarcón con visible frustración.
La demanda de la Liga Nacional de Usuarios pone en el centro del debate público la necesidad de una supervisión más estricta sobre las empresas de servicios públicos, especialmente en contextos donde se manejan cuantiosos recursos del erario. En un momento en que los usuarios han visto incrementadas sus tarifas y los servicios no han mejorado, es imprescindible esclarecer si el deterioro financiero de Air-e responde a una gestión ineficaz o a posibles irregularidades.
