El fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, ha anunciado que la investigación judicial contra Edmundo González Urrutia, opositor venezolano, se cerrará tras su salida forzada del país. Esta decisión se produce luego de que González, de 75 años, llegara a Madrid en un avión de la Fuerza Aérea española junto con su esposa y autoridades de España, tras solicitar asilo político. Según el fiscal, la salida de González implica «un cambio en el estatus procesal» del caso, lo que será evaluado por el Fiscal 58 Nacional bajo sus órdenes.
En una entrevista con CNN En Español, Saab declaró: «Nosotros junto a José Vicente Haro, en las próximas horas o días, estableceremos la forma, tiempo y lugar de cómo ese caso quedará cerrado judicialmente, en los términos de la conversación y la Constitución y las leyes venezolanas establecen». Con esta medida, se pondría fin a un proceso judicial que ha generado tensiones políticas tanto dentro como fuera de Venezuela.
Acusaciones y asilo político
González Urrutia, quien fue señalado de «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», entre otros delitos, optó por abandonar Venezuela después de considerar que estaba siendo víctima de persecución política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. El opositor habría difundido el 83,5% de las actas electorales a través de una página web, en las que se le daba como ganador por un amplio margen sobre Nicolás Maduro.
Saab aseguró que González era «la cara visible de la oposición», destacando que «quien puso su cara en la boleta electoral fue Edmundo González Urrutia». Subrayó que todas las actividades políticas de González se realizaron junto a su esposa y en el marco de lo que consideró su propuesta política. Asimismo, el fiscal señaló que «el candidato de la oposición que apoyó la Plataforma Unitaria y la Mesa de la Unidad Democrática fue Edmundo González Urrutia», y describió su salida del país como «una decisión voluntaria».
Reacción del gobierno de Maduro y el cierre del caso
Saab explicó que la decisión de cerrar el caso judicialmente responde al hecho de que González ya no se encuentra en territorio venezolano, lo cual modifica la situación procesal. «El Estado venezolano es garante del derecho internacional de los derechos humanos», agregó, sugiriendo que el país cumple con sus obligaciones legales internacionales.
Este desarrollo se produce en un momento de alta tensión política en Venezuela, donde el gobierno de Maduro ha sido frecuentemente criticado por la comunidad internacional por su manejo de los derechos humanos y la persecución de la oposición política. El cierre del caso judicial contra González podría interpretarse como un intento de aliviar la presión diplomática, aunque el impacto de esta decisión aún está por verse en el ámbito internacional.
