La Procuraduría General de la Nación confirmó este domingo la sanción impuesta a Camilo Romero, actual embajador de Colombia en Argentina y exgobernador de Nariño, por irregularidades cometidas durante su administración en el año 2016.
El exmandatario fue suspendido por su participación en un proceso de contratación irregular relacionado con la comercialización de 80.000 cajas de licor en el departamento.
El fallo de la Procuraduría, emitido por la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, concluyó que la empresa seleccionada para la comercialización, Organización Licores de Nariño S.A.S., fue elegida sin cumplir con los procedimientos adecuados de selección. Durante el proceso de adjudicación, solo dicha empresa tuvo acceso al decreto que establecía los precios y condiciones, lo que limitó la participación de otros oferentes y violó el principio de competencia.
El fallo sostiene que Romero «actuó sin la diligencia necesaria», al no supervisar adecuadamente las acciones del secretario de Hacienda departamental encargado, quien lideró el proceso de selección. Este descuido en la gestión pública fue considerado una falta grave por parte de la Procuraduría.
Dado que Camilo Romero no se encuentra actualmente en un cargo de elección popular, la sanción de suspensión de cuatro meses fue convertida en una multa de $31.859.152, que deberá ser pagada a la Procuraduría. La conducta de Romero fue clasificada como una falta grave cometida a título de culpa grave.
Este caso no es el único proceso legal en contra de Romero por su gestión como gobernador. Ya en el pasado, su administración había sido objeto de investigaciones por posibles irregularidades en la contratación pública. Este nuevo fallo reafirma las preocupaciones sobre la transparencia en su manejo de los recursos departamentales durante su mandato.
Con la sanción confirmada, Romero enfrenta un nuevo desafío a su reputación pública mientras continúa en su rol diplomático en Argentina. Aunque no afecta directamente su actual cargo, el fallo pone en entredicho su actuación en el servicio público y reaviva la discusión sobre la responsabilidad de los funcionarios en la administración de los recursos públicos.
La Procuraduría advirtió que seguirán las investigaciones y que las sanciones por casos de corrupción y mala gestión continuarán siendo aplicadas con rigor, independientemente de los cargos actuales de los implicados. Esta decisión resalta el compromiso del ente disciplinario de garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos en el ámbito público.
