En una contundente respuesta a las acusaciones que lo vinculan con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial, el presidente Gustavo Petro ha desmentido las pruebas presentadas y ha calificado la situación como un intento de golpe de estado en su contra.
Durante una conferencia de prensa, Petro defendió su posición y afirmó que las alegaciones relacionadas con el uso de un avión de Daily Corps son infundadas. «La empresa en cuestión solo arrendó el avión a otra compañía, que a su vez lo alquiló a Daily Corps antes de que nuestra campaña comenzara», afirmó.
El mandatario también explicó que los viajes contabilizados como parte de su campaña incluyen desplazamientos de personas ajenas a esta, lo que, según él, busca «inflar los costos» y justificar así acusaciones de violaciones a los límites de financiación establecidos. Aseguró que algunos medios de comunicación y magistrados han distorsionado la realidad con el objetivo de manipular la opinión pública y sembrar dudas sobre la legitimidad de su elección.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha reabierto la investigación sobre la supuesta financiación irregular, se encuentra bajo la lupa tras la resolución de un conflicto de competencias con la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. A pesar de que algunos magistrados creen tener pruebas suficientes para avanzar con cargos, se requiere el apoyo de al menos seis de ellos para proceder.
Hasta el momento, la controversia ha generado un debate polarizado, evidenciado por la división entre los magistrados, quienes en su mayoría están a favor de presentar cargos o archivar el caso. «Esto no es solo un ataque a mi persona, sino un ataque directo a nuestra democracia y al voto popular. No podemos permitir que estos intentos de desestabilización prosperen», concluyó Petro.
Con la mirada del país puesta en el CNE, el futuro político de Gustavo Petro se convierte en un tema candente en la agenda nacional, mientras se intensifican los esfuerzos por esclarecer las acusaciones de financiación ilícita en la política colombiana.
