La controversia en torno al proyecto de valorización que afectaría a 248,000 propiedades dentro de la zona de influencia de la Circunvalar de la Prosperidad y la Vía al Mar ha tomado un giro legal significativo, con acciones interpuestas por congresistas y líderes comunitarios en un intento de frenar lo que consideran un cobro «injusto» y «perjudicial».
Este gravamen, promovido por el Gobierno Nacional, tiene como objetivo recaudar hasta 2.3 billones de pesos, impactando principalmente a 180,000 propiedades en Atlántico y numerosas propiedades en Bolívar, incluyendo las ciudades de Cartagena y Santa Catalina. Sin embargo, la oposición ha crecido entre los ciudadanos y las autoridades locales, quienes argumentan que el proyecto no solo ignora el derecho a desarrollarse urbanísticamente, sino que también se basa en avalúos comerciales injustos.
El senador Carlos Meisel, uno de los principales opositores al cobro, presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, solicitando medidas cautelares para suspender el gravamen. «Este proyecto representa afectaciones graves, y hay un abuso en los avalúos comerciales que no reflejan la realidad del poder adquisitivo de la población», afirmó Meisel.
El proceso legal, que podría extenderse por varios años, incluye varias demandas ante instancias como la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, lo que genera incertidumbre sobre la inminente implementación del cobro, que se prevé comience en marzo de 2025. El senador Mauricio Gómez expresó su confianza en que al menos uno de los recursos legales resultará favorable.
Por su parte, la ministra de Transporte, María Constanza García, ha defendido la administración del proyecto, asegurando que «no hay reversa» en la recolección de fondos para la infraestructura vial, un argumento que ha sido recibido con escepticismo por parte de la comunidad.
Residentes de municipios como Soledad, Malambo y Galapa han manifestado su oposición, denunciando la falta de socialización con la población afectada y las serias implicaciones económicas del gravamen. Alberto Mario Forero, un vecino de Villa Campestre, manifestó su descontento, calificando el cobro como una «sinvergüencería», dada la incompleta situación de las vías.
Mientras el conflicto legal continúa, las comunidades esperan que sus voces sean escuchadas y que se reconsideren los términos de un proyecto que, según ellos, pone en riesgo su desarrollo y bienestar económico. La situación se mantiene en un punto de tensión, con la posibilidad de que la recaudación de este gravamen genere una mayor movilización social en oposición al mismo.
