Sentencias de responsabilidad fiscal alcanzan a docentes y casos emblemáticos como el «Cartel de la Hemofilia».
En los últimos dos años, la Contraloría General de la República ha emitido un total de 28 sentencias de responsabilidad fiscal en el departamento de Córdoba, con un monto que asciende a $116.000 millones de pesos. Esta información fue revelada por Carlos Mario Zuluaga, vice contralor general, durante una reciente conferencia de prensa realizada en Montería.
Zuluaga detalló que, dentro de estas decisiones, destaca una sentencia por 58.000 millones de pesos que está vinculada a errores en la asignación de ajustes en las pensiones de jubilación de ciertos docentes en el departamento. Este fallo, según explicó, forma parte de un conjunto de acciones en las que el ente de control ha estado trabajando para garantizar la correcta gestión de los recursos públicos.
Además, mencionó que la instancia de lo Contencioso Administrativo ha emitido órdenes directas para la devolución de estos montos, reafirmando el compromiso de la Contraloría en la lucha contra la corrupción. «Según la Contraloría, la instancia de lo Contencioso Administrativo ha dado a entender al ente de control y ha ordenado su devolución», explicó Zuluaga, subrayando la relevancia de estos procesos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del “Cartel de la Hemofilia”, donde se han dictado sentencias de responsabilidad fiscal confirmadas en segunda instancia, lo que ha reafirmado la condena fiscal contra los involucrados en estas irregularidades. Este caso ha sido objeto de amplio seguimiento debido a la magnitud del desfalco y la forma en que se manejaron los recursos destinados a la salud.
Zuluaga también destacó que, gracias a las sentencias emitidas, se ha logrado la recuperación de recursos por un total de 16.000 millones de pesos. Estos montos han sido reintegrados a las cuentas del tesoro nacional a través de procesos de cobro coactivo, que han sido implementados de manera efectiva por la Contraloría. «Se han recuperado recursos por un total de 16.000 millones de pesos a través de fallos que han sido reintegrados a las cuentas del tesoro nacional a través de procesos de cobro coactivo implementados por la Contraloría», añadió el vice contralor.
Estos procesos, según Zuluaga, son parte de un esfuerzo continuo para fortalecer los mecanismos de vigilancia y control fiscal en el país, especialmente en regiones como Córdoba, donde históricamente se han registrado altos niveles de irregularidades en la gestión de fondos públicos. La Contraloría General ha reiterado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, buscando siempre asegurar que los recursos sean utilizados de manera adecuada y en beneficio de la comunidad.
Con estos fallos, la Contraloría no solo reafirma su papel como ente de control fiscal, sino que también envía un mensaje claro sobre la importancia de la legalidad y la eficiencia en el manejo de los recursos del Estado. El trabajo continúa para identificar y sancionar cualquier acto de corrupción, fortaleciendo así la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
