Apoyo total del movimiento sindical al paro de camioneros en Colombia

En Colombia, el gremio transportador enfrenta una crisis que afecta a más de 450 mil vehículos de carga, transporte escolar y de pasajeros. De este total, un 80% pertenece a pequeños propietarios, mientras que el restante 20% está en manos de empresas transportadoras. Este sector es vital para la economía del país, ya que genera empleo y moviliza productos esenciales para la sociedad. Además, se suman tractores y maquinaria agrícola que apoyan a campesinos, productores agropecuarios, y vehículos de transporte escolar y de pasajeros, así como plantas eléctricas diésel que abastecen a municipios alejados.

Los transportistas, quienes han sido aliados históricos en las luchas sociales y del movimiento sindical, enfrentan desde hace décadas políticas gubernamentales que amenazan su subsistencia. Las medidas como el incremento de los precios de los combustibles, los altos peajes, la política de fletes y la defensa de la chatarrización han sido un constante desafío. En el pasado, formaron parte del Comité Nacional de Paro y contribuyeron a la construcción de un pliego que rechazaba el «paquetazo neoliberal» del expresidente Duque, el cual incluía la resistencia ante el alza en los combustibles.

Actualmente, el gobierno señala a los transportistas de ser parte de estructuras mafiosas y oligarcas. Según Convergencia Sindical y Social Independiente, esta postura se acompaña de una conducta traidora de algunos líderes sindicales, como Fabio Arias y Percy Oyola, que «renuncian a la independencia y autonomía del movimiento sindical» al alinearse con políticas del gobierno de Gustavo Petro.

En relación con los precios de los combustibles, la organización sindical sostiene que «los colombianos no tenemos por qué pagar ni la gasolina ni el ACPM a precios internacionales, porque exploramos, explotamos y refinamos nuestro propio petróleo a precio muy inferior a los de referencia del Golfo de México». Según los cálculos de Ecopetrol, producir un galón de ACPM tiene un costo promedio de 3.751 pesos, pero se vende a 4.425 pesos, lo que ha generado más de 6 billones de pesos en ganancias en los últimos cuatro años. Para el sindicato, el argumento del subsidio es falso y señala que «el resto que pagamos los colombianos son impuestos y sobretasas».

La Convergencia Sindical y Social Independiente, como parte activa de la CUT, CTC, CGT y otros movimientos sindicales, sostiene que el reciente aumento en los precios de los combustibles no solo perjudica al sector transportador, sino también a las MIPYMES, los campesinos, y la población en general. El aumento, aseguran, tiene un fuerte impacto inflacionario que afecta a toda la sociedad. «Que el gobierno de Gustavo Petro diga que es para poder disponer de dinero para los más pobres no deja de ser otro engaño», afirma la organización, ya que las alzas golpean directamente «a la población de más bajos ingresos».

Desde esta postura, la Convergencia reafirma su respaldo al gremio transportador y camionero, al cual llama a mantenerse firme y a los ciudadanos a unirse a su causa. Exige al gobierno revertir el incremento al precio del ACPM, «sentarse a acordar con sus representantes las medidas necesarias para el bien de ese gremio y de los colombianos».

Finalmente, la organización condena «cualquier acto de represión contra el gremio de transportadores y camioneros en la protesta pacífica», rechazando las estigmatizaciones que provienen del alto gobierno y de quienes actúan como «esquiroles y rompehuelgas». Para la Convergencia, el derecho a la protesta, la huelga y la defensa de los derechos de los trabajadores son «un patrimonio de los trabajadores colombianos amparados por la Constitución y los convenios de la OIT».

Esta declaración, firmada por la Coordinación Nacional de Convergencia Sindical y Social Independiente el 5 de septiembre de 2024, reafirma su compromiso con la independencia y autonomía de los sindicatos, posicionándose como una voz de resistencia y defensa de los derechos laborales en Colombia.

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