El cobro de valorización en la Vía al Mar y la Circunvalar de La Prosperidad enfrenta una nueva batalla legal. Habitantes del Atlántico y Bolívar buscan que se declare inexequible la medida, amparándose en una demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional.
Una nueva acción judicial ha sido interpuesta contra el cobro de valorización en la Vía al Mar, una medida que ha generado amplio rechazo en la región Caribe. Ayer miércoles, la Corte Constitucional recibió una demanda que tiene como objetivo declarar la inconstitucionalidad de este cobro, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno de Gustavo Petro. Este plan introduce cambios significativos en las disposiciones sobre la contribución nacional por valorizaciones, tal como lo estipula el artículo 249 de la Ley 1219 de 2016.
El encargado de liderar esta nueva ofensiva legal es el senador Mauricio Gómez Amín, quien ha dejado claro que su propósito es proteger los intereses de los habitantes de la región. En sus palabras: “Estamos radicando nuestra demanda de inconstitucionalidad contra la valorización en Atlántico y Bolívar. No vamos a permitir que se siga afectando el bolsillo de los habitantes de la región Caribe”, afirmó Gómez Amín, reflejando la preocupación generalizada por los efectos económicos de esta medida en los ciudadanos de estas zonas.
Impacto sobre los predios en Atlántico y Bolívar
El impacto del cobro de valorización afecta a un gran número de propietarios de bienes inmuebles en los departamentos de Atlántico y Bolívar. De los 248 mil predios que se verán afectados, 180 mil están ubicados en Atlántico, de los cuales 89 mil se encuentran específicamente en Barranquilla. Este número tan elevado de afectados ha generado una creciente indignación y resistencia frente a la medida.
El próximo mes de noviembre se prevé el inicio de las notificaciones de cobro para los propietarios de predios ubicados en las cercanías de la Vía al Mar y la Circunvalar de La Prosperidad. El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) emitió una resolución el pasado 26 de agosto, en la que confirma que el Gobierno tiene como objetivo recaudar 2,3 billones de pesos mediante este cobro de valorización en los predios cercanos a estas importantes vías de comunicación.
Los próximos meses serán decisivos para determinar el futuro de esta medida, que ha polarizado opiniones y generado un debate público intenso sobre la justicia y viabilidad de los cobros de valorización en el país. Con la demanda ya en manos de la Corte Constitucional, la región Caribe espera que se haga justicia y que se reconsidere el impacto de esta decisión en la economía de miles de familias.