La defensa de Edmundo González Urrutia entregó este miércoles a la Fiscalía de Venezuela un documento en el que se solicita respeto a «la presunción de inocencia» y las «garantías procesales» que -asegura- «no estuvieron presentes» en las tres citaciones emitidas por la institución, que investiga al antichavista.
José Vicente Haro, abogado del opositor, dijo que el objetivo fue cumplido, pues la idea era obtener un acuse de recibo efectivo y establecer ante la Fiscalía las razones por las que González Urrutia no compareció tras las citaciones, por lo cual un tribunal emitió una orden de captura.
“Después de más de tres horas de reunión con el fiscal general, tres directores de líneas y el fiscal que lleva el caso, ellos persisten en la intención de capturar al señor Edmundo González. (…) Yo, como abogado de Edmundo González, presenté y consigné un escrito donde se sostienen todos los argumentos desde el punto de vista constitucional desde el punto de vista legal por los cuales Edmundo González no ha comparecido ante las situaciones que se le han hecho”, dijo Haro en Mañanas Blu.
Según el abogado, González no tiene las garantías que le ofrezcan libertad, seguridades personales y vida a él, Edmundo González. “El Ministerio Público persiste en atribuirle un conjunto de delitos que él no ha cometido por hechos que no reviste en carácter penal”, agregó.
En el documento, entregado por Haro y firmado por González Urrutia, se expresa que la «incomparecencia» no «obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución», sino «al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones».
Al antichavista se le acusa de «usurpación de funciones» y «forjamiento de documento público», entre otros delitos, luego de que su coalición divulgara «el 83,5 % de las actas electorales» recabadas por testigos y miembros de mesa para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado oficial otorgó la reelección a Nicolás Maduro.
González Urrutia aclaró en el documento que no era su responsabilidad «la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de las actas de escrutinio» que recibieron los «testigos en las mesas de votación».
