Exigen la anulación de un régimen tarifario transitorio que ha elevado significativamente los costos en la región, alegando violaciones normativas y perjuicios a los ciudadanos.
Los contralores departamentales, distritales y municipales de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar han llevado su preocupación al Consejo de Estado mediante una acción de nulidad contra una resolución emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Esta resolución, que establece un régimen transitorio especial para la tarifa de energía en la región Caribe, ha sido objeto de crítica debido a su impacto negativo en los costos de energía para los residentes de estas áreas.
El ex ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, ha asumido la representación legal en este proceso. Ruiz ha subrayado que “esta resolución estableció un régimen transitorio especial en materia tarifaria para la costa Caribe, violando normas de rango superior, afectando los intereses de los ciudadanos al impactar significativamente las tarifas de energía en esta región, situándolas como las más costosas del país y superando ampliamente los incrementos promedio a nivel nacional, tristemente lo anterior en vez de dar solución a los altos cobros por el contrario lo empeoró.”
En su intervención, Ruiz también destacó la necesidad urgente de implementar medidas correctivas para abordar esta problemática. “Es imperativo tomar medidas, ya que es evidente que el régimen tarifario ha tenido un impacto negativo en la región Caribe, afectando el derecho y el interés colectivo en cuanto a la garantía del servicio público de energía,” agregó. Según Ruiz, el régimen ha llevado a que los cobros sean arbitrarios y el servicio proporcionado no cumpla con los estándares de continuidad, eficiencia y costo-efectividad que los usuarios tienen derecho a esperar.
Ruiz también criticó el acto administrativo de la CREG, argumentando que creó, sin la debida competencia, un tipo de tributo destinado a cubrir el déficit acumulado de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P.. Afirmó que, desde 2012, la empresa ha reducido sus inversiones en infraestructura a menos del 5 % de la base regulatoria, alcanzando solo el 2,5 % en 2016. Esta disminución en las inversiones ha contribuido al deterioro de los indicadores de pérdidas y la calidad del servicio.
El exministro también hizo un llamado al Gobierno Nacional para intervenir de manera efectiva y evitar que los usuarios sigan asumiendo “costos ineficientes” por el servicio de energía. Según él, se requieren medidas urgentes para regular los cobros y mejorar la prestación del servicio, con el objetivo de beneficiar a la población afectada.
