Contrastes en la gestión de tierras: corrupción y recuperación en la ANT.
El gobierno de Gustavo Petro ha puesto en el centro de su agenda la reforma agraria y la recuperación de tierras, pero la realidad muestra un panorama dividido entre buenas intenciones y serias acusaciones de corrupción. A pesar de un discurso que proclama transparencia y cambio, la administración enfrenta críticas sobre la falta de una estrategia robusta para combatir la corrupción.
Desde el comienzo de su mandato, la administración ha sido señalada por su incapacidad para implementar un programa anticorrupción eficaz. La crítica se enfoca en que el actual enfoque parece un refrito de políticas anteriores, sin una estructura sólida que garantice cambios reales. Las recientes denuncias sobre la corrupción en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reflejan una preocupante continuidad de malas prácticas que ensombrecen las promesas de reforma.
Las acusaciones contra la ANT revelan un sistema corrupto en la compra de tierras. Funcionarios han sido señalados por inflar los precios de los terrenos, con sobreprecios que superan los $5 millones por hectárea, cantidad que se devuelve en efectivo al agente corrupto. Esta práctica no solo afecta la transparencia de las transacciones, sino que también desvia fondos destinados a la verdadera reforma agraria.
Desafíos y avances en la recuperación de tierras
A pesar de estos sombríos panoramas, la ANT ha realizado esfuerzos significativos para recuperar tierras baldías que fueron apropiadas ilegalmente. Esta recuperación busca revertir décadas de apropiación indebida por parte de particulares y grupos armados, devolviendo estos terrenos a manos de las comunidades campesinas. La creación del Comité de Recuperación y Aprehensión Material de los Inmuebles es un intento por asegurar que las decisiones judiciales se traduzcan en acciones concretas.
Uno de los casos más significativos en este proceso es el de la familia Cabrales en Tierralta, Córdoba. La adjudicación irregular de estos terrenos en 2009, mediante la figura de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, puso en evidencia una flagrante ilegalidad. Esta figura, destinada exclusivamente a terrenos privados, fue mal utilizada para adjudicar terrenos baldíos, lo que resultó en una sentencia que debía ser revocada.
La labor investigativa de Verdad Abierta y Dejusticia destapó esta irregularidad, llevando a la ANT a actuar. La sentencia fue anulada por el Tribunal Superior de Montería en junio de 2020, y confirmada por la Corte Suprema de Justicia en julio del mismo año. La ANT, cumpliendo con el fallo, transfirió los terrenos al Fondo de Tierras, destinándolos a proyectos productivos para comunidades campesinas, incluyendo iniciativas como la apicultura gestionada por la Junta de Acción Comunal de San Felipe de Cadillo.
El camino por recorrer en la reforma agraria
Este caso refleja el complejo camino hacia una reforma agraria efectiva en Colombia. La ANT enfrenta el reto de superar las irregularidades y garantizar que las tierras recuperadas sean distribuidas de manera justa y equitativa. La implementación de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) busca beneficiar a las familias campesinas, transformando las condiciones de vida y fomentando proyectos productivos que realmente impacten en el desarrollo rural.
A pesar de las críticas y los desafíos persistentes, la ANT está intentando construir una nueva realidad para las comunidades rurales. El éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad del gobierno para eliminar la corrupción y asegurar que los beneficios de la reforma agraria lleguen a quienes realmente lo necesitan.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
