Desde su creación en 2021, el Fondo Mixto Sierra Nevada ha sido acusado de malversar recursos y operar bajo prácticas corruptas, evidenciando la necesidad urgente de reformas en la administración pública.
El Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada, establecido en marzo de 2021 bajo la dirección del exalcalde de La Paz (Cesar), Martín Zuleta, ha sido señalado por su implicación en numerosas irregularidades. Esta entidad ha acumulado una serie de contratos millonarios, pero su historial de proyectos incumplidos y la falta de transparencia han generado una creciente preocupación sobre su impacto en la administración pública.
Desde su origen, el Fondo Mixto Sierra Nevada ha sido un foco de controversia debido a las irregularidades en la adjudicación de contratos. Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), ha denunciado la pérdida de más de $12 billones de pesos destinados a proyectos de infraestructura en Colombia entre 2017 y 2024. La investigación de estos fondos revela que 6.631 proyectos están en ejecución, pero muchos están marcados por incumplimientos graves. El Fondo Mixto Sierra Nevada, en particular, ha sido vinculado a 164 proyectos que suman $698 mil millones de pesos, con numerosos reportes de irregularidades en su gestión.
En el municipio de Becerril, ubicado en el Cesar, el Fondo Mixto ha recibido casi $100 mil millones en contratos solo este año. Las prácticas para sortear las normas de contratación pública incluyen la emisión de decretos que designan al fondo como el ejecutor de diversas obras. Estos contratos, que deberían ser adjudicados de manera abierta y transparente, son subcontratados a un reducido grupo de proveedores asociados al fondo, vulnerando los principios de transparencia y competencia.
Las prácticas corruptas vinculadas al Fondo Mixto no se limitan a Becerril. Otros municipios como Albania y Barrancas en La Guajira, así como La Jagua de Ibirico y Codazzi en el Cesar, también han adjudicado contratos millonarios a esta entidad. Esta expansión del fraude revela una falta de control efectivo por parte de las autoridades, que han permitido al fondo seguir operando sin restricciones significativas.
La estructura del Fondo Mixto Sierra Nevada está marcada por la presencia de una red familiar que plantea serias dudas sobre su legitimidad. Fundado por Martín Zuleta, el fondo está dirigido por una serie de familiares, incluyendo a Andrés Felipe Cleves Daza y Esteban José Cleves Daza, quienes tienen vínculos cercanos con el exalcalde. Esta red familiar, junto con la inclusión de Intec de la Costa SAS—una empresa involucrada en el escándalo de Centros Poblados—, acentúa el carácter cuestionable de la entidad.
A pesar de las denuncias y las evidencias acumuladas, el Fondo Mixto Sierra Nevada sigue operando y recibiendo contratos millonarios. Los organismos de control como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría han iniciado investigaciones, pero hasta ahora los resultados han sido mínimos. La falta de acciones efectivas permite que la entidad continúe extrayendo recursos públicos con impunidad.
El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, ha solicitado una intervención urgente para frenar la evasión de la Ley 80, señalando en su cuenta de X Twitter: “La Procuraduría debería intervenir de manera urgente e inminente… De nada nos sirve seguir denunciando si los organismos de control no impiden que se sigan perdiendo los recursos públicos”.
La creación del Fondo Mixto Sierra Nevada parece haber sido una estrategia para evadir las regulaciones establecidas en la Ley 80 de contratación pública, facilitando el desvío de recursos. La inclusión de miembros de la familia de Martín Zuleta y la vinculación con Intec de la Costa SAS refuerzan la percepción de que el fondo fue diseñado para beneficiar a un círculo cerrado de personas.
A pesar de las pruebas de corrupción y las investigaciones en curso, el Fondo Mixto Sierra Nevada sigue captando millones en contratos. La inacción de las autoridades y la falta de sanciones efectivas reflejan una falta de compromiso por parte del sistema judicial en combatir la corrupción. Este caso resalta la urgencia de reformas en la administración pública para garantizar una gestión transparente y responsable de los recursos del Estado.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
