En el segundo día del cobro de tarifas diferenciales, la comunidad exige el cumplimiento de acuerdos previos, interrumpiendo el tránsito en el peaje Papiros con una jornada de protesta y una caravana desde la ‘Ye de los chinos’.
Puerto Colombia vivió ayer un día de intenso conflicto cuando líderes comunitarios se enfrentaron a la implementación de tarifas diferenciales en el peaje Papiros, que comenzó a cobrar $1.500 a los vehículos de categorías C I y C II. La jornada de protestas, que arrancó temprano en la mañana con una caravana desde la conocida ‘Ye de los chinos’, culminó con la acción decisiva de levantar las talanqueras del peaje.
Juan Agámez, un destacado líder cívico de la región, expresó su descontento con la medida, exigiendo que se respeten los acuerdos establecidos en más de 20 mesas de trabajo realizadas anteriormente con los entonces ministros Guillermo Reyes y William Camargo. Agámez denunció que «ahora la comunidad está exigiendo el cumplimiento de eso que se pactó, que era no cobrar las categorías C I y C II. Nunca se socializó, nunca se habló de una tarifa diferencial. El ministro en su momento, el director de la ANI en su momento, con ellos se llegó a un acuerdo de que esas categorías no iban a cobrarse más C I y C II».
La decisión de implementar una tarifa diferencial ha generado una gran frustración entre los residentes de Puerto Colombia, quienes se sienten traicionados por la administración local y nacional. Agámez explicó que, según lo pactado en las mesas de negociaciones, se había acordado trasladar el cobro del peaje «a otro punto». Sin embargo, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y la Gobernación local procedieron de manera unilateral, estableciendo tarifas que no estaban contempladas en los acuerdos previos.
A pesar de los intentos de reiniciar el cobro por parte de funcionarios del Consorcio Ruta Costera alrededor de las 9:30 de la mañana, los manifestantes volvieron a levantar las talanqueras, impidiendo el tránsito y generando una interrupción significativa en la operación del peaje. Esta medida refleja la creciente tensión entre la comunidad y las autoridades, que ahora enfrentan la presión de resolver este conflicto para evitar futuras alteraciones del orden público y garantizar el cumplimiento de los compromisos previos.
La situación sigue siendo tensa mientras los líderes comunitarios y los residentes esperan una respuesta satisfactoria a sus demandas. La protesta continúa siendo un punto focal de la discusión local, subrayando la necesidad de una mayor transparencia y cumplimiento en la gestión de políticas públicas relacionadas con la infraestructura vial.
Fuente: Sistema Integrado de Información.
