El abogado del líder opositor afirma que González Urrutia no considera el asilo y defiende su posición frente a las acusaciones de la Fiscalía venezolana.
En medio de la creciente tensión política en Venezuela, el excandidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia ha tomado una postura firme al rechazar la posibilidad de solicitar asilo político. La decisión se da en el contexto de una orden de aprehensión emitida en su contra, que ha generado una considerable atención tanto en el país como en el ámbito internacional.
José Vicente Haro, abogado de González Urrutia, reveló esta mañana, en una entrevista concedida a la W Radio, que «no está planteado ni planificado ese escenario, una decisión muy valiente. Su mayor deseo es estar cerca de los venezolanos y corresponder el apoyo que le han dado». Con estas palabras, Haro subrayó la determinación de su cliente de enfrentar la situación sin recurrir a medidas extremas como el asilo.
La situación se ha agravado desde que el Tribunal Especial Primero Antiterrorista dictó la orden de aprehensión contra el aspirante presidencial. Esta decisión, que ha sido ejecutada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se enmarca dentro de una investigación que ha sido polémica desde sus inicios.
Haro también destacó que ya se conocía previamente la existencia de la orden de arresto, y que, por tanto, no era necesario hacer público el documento. Explicó que la situación obliga a González Urrutia a moverse constantemente de una residencia a otra para proteger su seguridad personal.
En cuanto al trasfondo legal, el abogado argumentó que el caso contra González Urrutia no debería haber sido judicializado, ya que la acusación no se relaciona directamente con los hechos que mencionó la Fiscalía. La investigación, según Haro, está dirigida a quienes crearon el sitio web donde se publicaron las actas, y no al excandidato en sí.
El documento de la orden de aprehensión, firmado por el juez auxiliar Luis Ernesto Dueñez Reyes, detalla una serie de cargos graves contra González Urrutia, incluyendo usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a sistemas y asociación. Estos cargos surgieron tras tres citaciones fallidas que la Fiscalía realizó, las cuales se publicaron en la red social Instagram.
El Ministerio Público había solicitado la orden de captura luego de que González Urrutia no se presentara en las fechas estipuladas. La Fiscalía consideró su ausencia como un indicio de posible fuga, lo que llevó a la emisión de la orden de aprehensión.
Con este panorama, el conflicto político en Venezuela se intensifica, mientras González Urrutia enfrenta una serie de acusaciones que podrían tener repercusiones significativas en su carrera y en el entorno político del país.
