El gobernador Rafael Martínez destapó una serie de anomalías en la ejecución del contrato con Cardiovida, un tercero que habría manejado condiciones abusivas en perjuicio del hospital, revelando que los beneficios económicos favorecían desproporcionadamente a la empresa y no a la institución pública.
En una reveladora rueda de prensa, el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, dio a conocer una serie de irregularidades en el contrato firmado con la empresa Cardiovida, un socio estratégico del hospital Julio Méndez Barreneche. Durante su intervención, Martínez denunció que la situación contractual ha generado un caos en el hospital, debido a las condiciones abusivas impuestas por la empresa privada, que habrían beneficiado desmedidamente a esta en detrimento de la institución pública.
Martínez detalló que al asumir su cargo, el hospital fue devuelto por la Superintendencia de Salud, y encontraron una serie de concesiones internas de servicios tercerizados que algunas se extenderían hasta 2034. “Imagínense”, exclamó el gobernador, enfatizando la gravedad de los contratos heredados. Lo más alarmante, según el mandatario, es que algunos de estos acuerdos permitían que los concesionarios se quedaran con hasta el 90% de las utilidades generadas, dejando al hospital con una mínima fracción de los ingresos.
El gobernador expuso un ejemplo claro del problema: “El contrato contempla que de los servicios prestados, el hospital, que es el intermediario, factura la EPS, y cuando la EPS pague lo que reconozca de los servicios prestados, el hospital debía pagarle a ese tercerizado. Pues resulta que de manera anómala se venía pagando el 100% de lo que facturaba el privado sin que la EPS le pagara al hospital. Y resulta que la EPS al hospital, de los facturados solo le está reconociendo en promedio 45%”. Esta situación se traduce en pérdidas significativas para la institución pública, ya que el hospital pagaba el total de lo facturado sin haber recibido el correspondiente pago de la EPS, mientras la EPS glosaba hasta el 55% de las facturas.
El gobernador también destacó que las anomalías no se limitaban a los pagos, sino que se extendían a la gestión de servicios clave dentro del hospital. Cardiovida, que tenía a su cargo la clínica de heridas, estaba privando al hospital de ingresos importantes, pues este servicio no se facturaba directamente a la institución. «Este tercerizado había tomado un servicio interno, la clínica de heridas. Exacto. Usted tiene este contrato, presta el servicio de acuerdo a su contrato, pero esta clínica de heridos pasa al hospital, porque el hospital es quien te presta este servicio. Entonces era un recurso que no estaba entrando al hospital, pues empezamos a facturarlo de manera directa», explicó Martínez.
La situación se ha agravado al punto de que el contrato con Cardiovida fue suspendido, debido a que la empresa no estaba cumpliendo con las condiciones estipuladas. “No cuentan con una unidad de hemodinámica, electrofisiología, cirugía cardíaca, ni médicos especialistas para la atención de los pacientes en estos momentos”, subrayó el gobernador, agregando que la empresa ha dejado prácticamente abandonado el contrato, incumpliendo sus responsabilidades.
La denuncia de Martínez también hizo referencia a las protestas recientes en el hospital, donde un grupo de enfermeras reclamaba el pago de sus salarios. “¿Quién le debe pagar a estas enfermeras y a estos especialistas? El que los contrató”, afirmó enfáticamente el gobernador, deslindando de responsabilidad al hospital y la Gobernación en este conflicto laboral.
Finalmente, el gobernador concluyó su intervención con una fuerte crítica a los medios de comunicación que, según él, han intentado manipular la situación para perjudicar a su administración. “Algunos prepagos y prepagas de comunicación quieren hacer ver esto como un problema de la gobernación. Estamos haciendo lo correcto, estamos salvaguardando los intereses de los ciudadanos, salvaguardando el recurso público, salvaguardando lo que es de todos. Estamos acabando años de corrupción”, sentenció Martínez.
La situación en el hospital Julio Méndez Barreneche sigue siendo crítica, y la intervención del gobernador Rafael Martínez ha puesto de relieve la necesidad de una revisión profunda de los contratos con terceros para garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera transparente y en beneficio de la salud de la población.
