La Liga de Usuarios de Servicios Públicos de la Región Caribe exige al Gobierno Nacional cumplir con el pago de las deudas de subsidios y opción tarifaria, mientras se agudiza la crisis por las altas tarifas y posible racionamiento energético.
La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos de la Región Caribe ha lanzado una contundente advertencia sobre la posibilidad de un racionamiento eléctrico en la Costa Caribe, denunciando las enormes deudas que el Gobierno Nacional mantiene con las empresas distribuidoras y las altas tarifas impuestas a los usuarios de esta región. Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga en la Región Caribe, sostiene que la situación es insostenible para millones de hogares costeños que enfrentan tarifas cada vez más elevadas y un posible desabastecimiento de energía.
Para comprender la magnitud de esta crisis, es esencial diferenciar entre dos tipos de deudas que afectan el sistema eléctrico: los subsidios y la opción tarifaria. Según la Ley 142 de 1994, los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 son financiados a través de dos fuentes principales: los Fondos de Redistribución de Solidaridad e Ingresos, que se nutren de una contribución del 20% sobre el consumo de energía de los estratos 5, 6 y el sector comercial, y, cuando estos recursos no son suficientes, los faltantes deben ser cubiertos con dineros del Presupuesto General de la Nación. «O sea que los faltantes para pagar este subsidio los pagamos todos los colombianos», explica Alarcón.
Según José Camilo Manzur, presidente de Asocodis (Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía), «el gobierno les debe $1.3 billones de pesos a las empresas por concepto de subsidios del servicio eléctrico», y para el próximo año aún falta apropiar $700.000 millones adicionales, lo que genera un déficit de dos billones de pesos que deben ser honrados por el Gobierno Nacional.
En la Costa Caribe, donde más de 2,7 millones de hogares (aproximadamente 11 millones de personas) consumen energía, la situación es particularmente crítica. De estos, el 80% recibe subsidios debido a su pertenencia a los estratos 1, 2 y 3, lo que equivale a unos 2,16 millones de hogares o 8,64 millones de habitantes que dependen directamente de estos subsidios.
A estas dificultades se suma la problemática de la opción tarifaria, una deuda derivada de la congelación de las tarifas durante seis meses al inicio de la pandemia de 2020. Aunque muchos usuarios pagaron sus facturas en ese tiempo, las empresas han retomado el cobro de estas sumas. Según cifras conocidas, a Afinia se le adeudan $1,7 billones de pesos por opción tarifaria, mientras que AIR-E ha venido facturando aceleradamente $850.000 millones desde principios de año. «Air-e en Atlántico, Magdalena y La Guajira ya cobró $715.000 millones de pesos, es decir solo se les debería $135.000 millones», sostiene Jorge Vergara Carbó, exgerente de Corelca.
Pese a que el Gobierno Nacional, en una visita del presidente Gustavo Petro el pasado 7 de mayo, se comprometió a cubrir la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, aún no ha cumplido con esta promesa. «El gobierno dice que solo es para los estratos 1, 2 y 3 y que necesita llevar un proyecto de ley al Congreso para asumir esas deudas cuando este lo apruebe», denuncia Alarcón Rodas.
La situación para los usuarios del Caribe se torna cada vez más compleja debido a «las altas tarifas impagables que se les está cobrando producto de un régimen especial tarifario contra los costeños (que incluye pago de hurtos y fraudes), por la opción tarifaria, lo mismo que el cobro de una sobretasa a la comercialización del 20% solo para esta región y las altas rentabilidades de todas las empresas del sector eléctrico». Ante este panorama, la Liga Nacional de Usuarios exige al Gobierno Nacional «tarifas pagables ya».
Sobre alerta de la Contralo… by LIBERTAD DIARIO
